El caso de Zenaida Muñoz, una joven de 22 años sobreviviente de un ataque con 42 puñaladas ocurrido en enero en el sector Bella Vista, Santiago, plantea serios cuestionamientos sobre la protección que reciben las víctimas con condiciones de salud mental dentro del sistema de justicia dominicano.
«Pedimos que se le aplique todo el peso de la ley y que este caso no quede impune», explica Amanda Muñoz, hermana de la víctima, al tiempo que afirma que su hermana estuvo ingresada por «temas de salud mental».
Los familiares de la joven denunciaron supuestos intentos de soborno atribuidos a abogados del imputado, Alex Valler, expareja de la víctima, y alertaron que la condición psicológica de Zenaida la coloca en una situación de especial vulnerabilidad, por lo que cualquier intento de desistimiento no debe ser considerado válido por las autoridades.
De acuerdo con sus parientes, la joven presentaba «problemas de salud mental» previos al ataque y explicaron que esto limita su capacidad para tomar decisiones libres de presiones externas.
En ese contexto, insistieron en que corresponde al Ministerio Público continuar el proceso de oficio, atendiendo a la gravedad de los hechos.
El ataque no solo puso en riesgo la vida de la joven, sino que provocó la pérdida de un embarazo de cuatro meses, un elemento que, de acuerdo con la familia, agrava el impacto físico y emocional del suceso y refuerza la necesidad de una respuesta judicial firme.
Amanda Muñoz, hermana de la víctima, sostuvo que la condición mental de Zenaida no puede convertirse en un factor para debilitar el proceso.
“Ella necesita protección, no que su situación sea utilizada para cerrar un caso tan grave”, expresó al reclamar la aplicación estricta de la ley.
En tanto, Mateo Ventura, padrastro de la joven, llamó a las autoridades a actuar con responsabilidad y sensibilidad frente a víctimas con condiciones mentales, al considerar que estos casos requieren mayores garantías para evitar abusos o manipulaciones.
“No puede haber vagabundería ni impunidad. Este país tiene que responder ante hechos tan graves”, manifestó.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente aplazó para este sábado el conocimiento de la medida de coerción contra el imputado.
Mientras tanto, los familiares reiteraron que permanecerán vigilantes del proceso y exigieron que se adopten todas las medidas necesarias para asegurar justicia en un caso que involucra extrema violencia y una víctima en condición de vulnerabilidad.