La reciente publicación del comunicador Marcos Santos acerca de la tardía declaración jurada de patrimonio del diputado José Luis Rodríguez pone sobre la mesa un tema tan viejo como persistente: la resistencia de algunos funcionarios a asumir, con madurez y transparencia, sus obligaciones legales. Pero lo que realmente ha encendido el debate no es solo el retraso que por sí mismo ya es grave, sino la reacción visceral proveniente del entorno del legislador, particularmente de su esposa, quien respondió con descalificaciones e insultos al periodista tras la denuncia.
Santos admitió un error en su cálculo inicial: no eran 426 días de atraso, sino 367. Y aunque 59 días de diferencia podrían parecer un asunto menor, el fondo del problema es uno que no cambia: un diputado pasó más de un año sin cumplir con una obligación básica de transparencia exigida a todo funcionario público. Es decir, no se trata de si “roba motores” o no, como ironizó el comunicador, sino de que la falta existe, persiste y se confirma.
El argumento de la señora que llegó acompañado de improperios innecesarios, se derrumba por sí solo cuando la propia “prueba” que ella envió, evidencia que su esposo depositó la declaración el 18 de septiembre de 2025, pese a que debió entregarla el 16 de septiembre de 2024. El retraso está ahí, documentado. La ley no dice: “declarar con más de un año de atraso está permitido, siempre y cuando insultes al mensajero”. Tampoco permite que un funcionario juegue al escondite administrativo con la Cámara de Cuentas.
Lo más irónico es que, para rematar, al día 16 de noviembre de 2025, la propia Cámara de Cuentas mantiene al diputado Rodríguez en la lista de funcionarios que aún no han presentado su declaración. Es decir, que los dardos que la indignada esposa lanzó contra el periodista parecieran estar mal dirigidos: de haber algún reclamo airado, correspondería hacerlo hacia la institución que todavía no reconoce la entrega del documento.
Todo esto expone un problema mayor: la cultura política que pretende convertir cualquier cuestionamiento en un ataque personal, y donde la primera reacción es ofender, no aclarar. La transparencia, que debería asumirse con naturalidad, termina tratándose como un favor, un acto opcional o una afrenta cuando se exige.
Por eso, más allá del episodio puntual y de la frase citada por Santos, “No hay pendejos”, queda una reflexión necesaria: si un funcionario público, o su círculo, reacciona con ofensa ante una observación legítima sobre un deber formal, ¿qué podemos esperar cuando se les cuestionen asuntos de mayor gravedad?
En una democracia madura, el escrutinio no es un ataque: es un mecanismo saludable. Y si la puntualidad en una obligación tan elemental como declarar el patrimonio sigue siendo motivo de berrinches, insultos y cálculos defensivos, entonces no es el periodista quien está metiendo la pata.
La metida de pata viene de otro lado… y tiene 367 días de atraso.