La lapidaria frase no la dijo cualquiera, sino el presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina. La pronunció hace apenas unos días en una actividad oficial. Aunque, para ser justo, ya la había escuchado hace aproximadamente tres años de labios de otro magistrado, el Lic. José Saúl Taveras Canaán, juez presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago. Este, la expresó —cual confesión— con el ímpetu que suele caracterizarle en un evento académico al que se le invitó como exponente. Todos los presentes nos quedamos de una pieza; nos miramos las caras y nuestro lenguaje era el mismo: impacto total.
Esta reacción no era para menos. Lo que este colapso significa trasciende los despachos de jueces y fiscales; afecta a abogados, víctimas e imputados, y golpea a la sociedad en su conjunto.
La gravísima revelación del magistrado Molina fue la siguiente: “El sistema colapsó. No podemos seguir pretendiendo que todo el sistema penal se resuelva en un juicio al fondo. Esto es como pedir que todo el sistema de salud se resuelva en un quirófano; es físicamente imposible. Si no logramos que el 80% o el 90% de los casos se solucionen mediante acuerdos y conciliación, el sistema seguirá paralizado”.
Al leer estas reflexiones, afloraron en mí otras de inmediato. La primera es que es lamentablemente cierta. Quienes ejercemos con frecuencia en esta materia conocemos su contundencia. Lo que quizás debemos cuestionar es que debió decirse antes. El proyecto convenido a tales fines hace meses entre el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Defensa Pública debió haber tenido una mayor repercusión social y haberse hecho con antelación. Se debió propiciar un gran debate nacional sobre esta sensible cuestión. En todo caso, lo importante es mirar al presente y al futuro; por ende, hay que actuar ahora.
Igualmente, recordé las explicaciones que hace casi tres décadas nos brindó un juez penal de Nueva Orleans a propósito de un intercambio académico en el que participamos allí sobre las reformas de los códigos napoleónicos. Al presenciar el proceso de constitución de jurados, el juez nos decía que apenas el 5% de los casos llegaba a juicio. El resto se resolvía mediante vías alternas. Con franqueza, nos reveló que la estructura de justicia en Estados Unidos no tiene la capacidad de procesar sus crecientes conflictos penales de otro modo. En el 2025, este porcentaje promedio fue de 2.5 %. Lo propio acontece en Puerto Rico.
Sin embargo, ojo, este modelo no está exento de crítica. Debe aplicarse con las reservas adecuadas y adaptaciones propias de nuestro sistema. En este sentido, el prestigioso profesor estadounidense William J. Stuntz publicó en 2011 su obra póstuma “El colapso de la justicia penal”. En este aleccionador libro, advierte que el sistema de EE. UU. se ha desmoronado por una dinámica política que lo ha vuelto «demasiado costoso, demasiado punitivo y, sobre todo, demasiado arbitrario«, fallando en proteger y tratar a sus ciudadanos con equidad.
Una segunda inquietud gira sobre la mentalidad de los operadores del sistema. No será posible un salto cualitativo si sus actores no modifican su ego y sus estrategias de litigación temeraria. Es inaceptable, por ejemplo, que una defensa declare, sin el menor rubor, que un caso judicial que tiene casi cinco años de iniciado, él presentará aún un “conjunto de incidentes nunca vistos » para seguir retrasándole. Esto exige también que el Ministerio Público investigue y acuse con criterios más racionales y objetivos, y que los jueces actúen con mayor autoridad para controlar a las partes.
De igual modo, este colapso obliga a actuar con mayor sentido de prevención. En el contexto empresarial o societario, se deben establecer políticas de compliance o control previo que reduzcan los conflictos penales. Los costos y el daño reputacional que acarrean estos procesos obligan a esta priorización estratégica. Lo propio, debe hacer cualquier persona, ante posibles delitos económicos, básicamente.
Finalmente, el colapso de la justicia penal tiene una repercusión aún más peligrosa: el impacto en la víctima que busca tutela judicial efectiva para evitar la venganza privada. El riesgo es que se termine ampliando la franja de una impunidad obscena. Si no se presta atención a este legítimo reclamo social, experiencias trágicas y no deseadas para la vigencia del Estado de derecho, como las de Bukele en El Salvador, nos podrían sorprender en un futuro no muy lejano.
En fin, el colapso del sistema es un tema demasiado importante como para dejárselo solo a los «señores de toga y birrete«, debe ser un problema de todos y prioritario.
