Hay frases que no se gastan con el tiempo; se afilan. La de Danilo Vicioso, dicha casi en susurro en febrero de 1973, frente al Banco Central de la República Dominicana y bajo la sombra vigilante de la casa del embajador estadounidense, pertenece a esa estirpe peligrosa de verdades tempranas.
“Este país es una mina, Víctor… debajo de nuestros pies el territorio dominicano es oro… oro… oro”.
No era una metáfora para levantar el ánimo ni una hipérbole de sobremesa: era un diagnóstico dicho a contraluz de la historia.
Cincuenta y tantos años después, los periódicos —los mismos que han ido archivando como se guardan las pruebas de un juicio que nunca termina— confirman aquella intuición con cifras que no admiten lirismo.
Diecisiete provincias en exploración aurífera. Exportaciones que suben y bajan al ritmo nervioso del precio internacional. Mapas donde el territorio nacional aparece punteado como un cuerpo marcado para la cirugía.
Visto desde la geología y no desde la retórica, el país parece un archivo abierto de vetas, concesiones y promesas. El suelo habla, pero la pregunta —siempre la misma— es quién lo escucha y para qué.
El recuerdo de 1973 no es inocente. Aquellos días estaban cargados de una electricidad política que se sentía en la piel: el anuncio del retorno de Francisco Caamaño, la ciudad en vigilancia permanente, las miradas largas frente a las sedes diplomáticas.
En ese clima, Vicioso no hablaba de lingotes ni de cofres, sino de potencial. De un país que, aun sin saberlo del todo, caminaba sobre su mayor activo. La historia dominicana ha sido pródiga en ese arte cruel: detectar tarde lo que tenía temprano.
Hoy, los números han puesto orden donde antes había presentimiento. Gráficas que comparan lo que se recauda con lo que se pudo recaudar.
Porcentajes que le ponen nombre fiscal a una vieja sensación de pérdida. Titulares que preguntan si seguiremos “cruzados de brazos”, como si el problema fuera la inmovilidad y no la asimetría.
Porque el dilema nunca fue si hay oro —eso estaba claro desde aquella acera de 1973— sino cómo se administra el destino que llega con él.
Hay una continuidad inquietante entre esa escena y las páginas de 2026. En ambas, el país aparece al mismo tiempo como escenario y como botín.
Cambian los actores, los contratos, las siglas y los discursos; no cambia la pregunta moral: ¿qué hace una nación con la riqueza que no se ve a simple vista?
La minería, cuando se cuenta solo en toneladas y dólares, pierde la mitad de su verdad. La otra mitad vive en el equilibrio frágil entre soberanía, fiscalidad, medio ambiente y memoria.
Por eso la frase vuelve intacta. No como consigna, sino como advertencia. El oro bajo los pies no garantiza prosperidad; exige gobierno.
Exige reglas que resistan el calendario electoral y contratos que no confundan inversión con renuncia. Exige, sobre todo, una mirada larga: la misma que permitió a un hombre, en medio de la incertidumbre de 1973, nombrar lo que muchos preferían no ver.
Hubo un tiempo en que el oro dominicano salía del corazón de la Cordillera Central como si fuera una mercancía sin patria, sin biografía y sin cuentas que rendir. No se iba en silencio —las voladuras retumbaban hasta Cotuí—, pero sí sin escándalo público, protegido por contratos opacos, tecnicismos legales y una idea tan conveniente como peligrosa: que el país debía conformarse con migajas a cambio de “progreso”.
La historia no comienza con una malicia explícita, sino con una desigualdad estructural. Cuando la minería industrial del oro tomó forma en los años setenta, la República Dominicana carecía del músculo técnico, financiero y jurídico para sentarse de igual a igual frente a las grandes corporaciones mineras.
En ese vacío se gestó un esquema que se repetiría con obstinación caribeña: concesiones generosas, regalías irrisorias, exenciones amplias y una fiscalización débil. El oro era dominicano; la renta, no.
La mina de Pueblo Viejo se convirtió con los años en el símbolo de una paradoja nacional. El Estado, al asumir control accionario, creyó haber recuperado soberanía. Pero la soberanía no se ejerce solo con títulos de propiedad; se ejerce con conocimiento, controles, mercados transparentes y decisiones estratégicas. Sin eso, la propiedad puede ser apenas nominal, como una bandera clavada en tierra ajena. El oro salía; el valor agregado se quedaba fuera.
Durante décadas, los contratos privilegiaron la extracción rápida sobre el desarrollo sostenible. Se exportó metal, no conocimiento. Se vendió concentrado, no se construyó una cadena productiva.
Los beneficios prometidos —empleo, infraestructura, transferencia tecnológica— llegaron a cuentagotas, mientras las comunidades cargaban con el costo ambiental: suelos heridos, aguas enfermas, promesas de remediación siempre aplazadas para un mañana que no terminaba de llegar.
El gran saqueo no fue un asalto nocturno ni una escena de piratas. Fue un proceso legalizado, paciente y pulcro. No hubo cofres robados, sino balances maquillados.
El país recibió ingresos, sí, pero muy por debajo del valor real del recurso extraído. Y lo más grave: se normalizó la idea de que eso era lo “razonable”, lo “posible”, lo “que se podía conseguir” en un mundo dominado por capitales globales. La resignación también fue parte del contrato, aunque nunca apareciera escrita.
Hubo voces que advirtieron. Economistas, técnicos, dirigentes políticos y sociales insistieron en que el oro no podía seguir siendo una simple exportación primaria sin estrategia nacional.
Hablaron de renegociaciones, auditorías, participación efectiva en la comercialización, fondos soberanos para convertir renta minera en desarrollo humano.
Pero esas voces chocaron con inercias poderosas: intereses creados, miedo a litigios internacionales y una cultura política más cómoda con el corto plazo que con la historia.
Con el tiempo, el guion se repitió bajo nuevas siglas y nuevos discursos. Cambiaron los operadores, se modernizaron los equipos, se ajustaron porcentajes.
Pero la pregunta de fondo siguió intacta, como una piedra en el zapato nacional: ¿cuánto del oro dominicano se transforma realmente en bienestar dominicano? ¿Cuánto queda en escuelas, hospitales, ciencia, infraestructura productiva? ¿Y cuánto se pierde en la larga cadena de intermediaciones, exenciones y precios que nadie termina de explicar?
El gran saqueo del oro no es solo una cuenta pendiente con el pasado; es una advertencia para el presente. Los recursos naturales no son una maldición ni una bendición automática.
Son una prueba. Sin instituciones fuertes, transparencia contractual y visión de largo plazo, el oro puede brillar en las estadísticas de exportación mientras empobrece la soberanía económica.
La República Dominicana aprendió —a un costo alto— que el verdadero valor del oro no está en el metal, sino en lo que un país es capaz de construir con él.
El día que esa lección se convierta en política de Estado y consenso nacional, el saqueo dejará de ser una historia recurrente y pasará, por fin, a ser una página cerrada.
Mientras tanto, seguimos caminando sobre el oro, preguntándonos si esta vez aprenderemos a mirarlo.