SANTO DOMINGO. – Autoridades ejecutaron el desalojo de los inmuebles ubicados en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, en el sector Miraflores del Distrito Nacional, en cumplimiento de decisiones judiciales definitivas emitidas tras un proceso legal que se prolongó por más de dos décadas.
La medida fue realizada en atención a resoluciones firmes que reconocen el derecho de propiedad del señor Rafael Eduardo Selman Hasbún sobre los terrenos intervenidos, luego de múltiples litigios ventilados en distintas jurisdicciones del sistema judicial dominicano.
Derecho de propiedad reconocido por tribunales
De acuerdo con los antecedentes del caso, Selman Hasbún adquirió los inmuebles mediante contrato suscrito en 1982. Posteriormente, la transferencia fue homologada por el Tribunal Superior de Tierras mediante decisión emitida el 13 de septiembre de 2006, consolidando su titularidad conforme a la legislación vigente.
Sin embargo, desde el año 2004 varias personas y entidades, entre ellas la razón social Cafetería Olímpica, S.R.L. (Terraza Olímpica), ocuparon el lugar sin contar con título registrado, lo que dio origen a una extensa disputa judicial.
Fallos ratificaron la titularidad
Entre las decisiones citadas figura la Sentencia núm. 122 emitida por la Suprema Corte de Justicia el 21 de abril de 2010, que rechazó recursos de casación contra fallos previos dictados en la jurisdicción inmobiliaria.
Asimismo, el Tribunal Superior Administrativo mediante la Sentencia núm. 0030-04-2024-SSEN-00050 del 19 de enero de 2024, desestimó un recurso contencioso administrativo interpuesto contra actuaciones de la Procuraduría General de la República.
Esa decisión también fue recurrida en casación y posteriormente confirmada por la Suprema Corte de Justicia a través de la Sentencia núm. SCJ-TS-25-0963, de fecha 29 de abril de 2025.
Más recientemente, el 12 de febrero de 2026 la Primera Sala del Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Nacional declaró inadmisible una nueva acción en nulidad de certificados de títulos, al establecer identidad de partes, objeto y causa con procesos previamente decididos, reafirmando el principio de cosa juzgada.
Ejecución del desalojo
Para hacer efectiva la medida, el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria autorizó el auxilio de la fuerza pública mediante la Resolución núm. 596 del 25 de septiembre de 2025. No obstante, la ejecución fue aplazada por la suspensión general de desalojos dispuesta por la Procuraduría General de la República en diciembre de ese año, así como por razones operativas.
Posteriormente, la fuerza pública fue renovada mediante la Resolución núm. 052 del 2 de febrero de 2026 y las autoridades notificaron a los ocupantes antes de proceder con la intervención.
El operativo se desarrolló con acompañamiento institucional y bajo los protocolos correspondientes, procurando el respeto a las personas involucradas durante todo el proceso.
Propietario valora decisión
Tras la ejecución, Rafael Eduardo Selman Hasbún expresó que la actuación no responde a una arbitrariedad, sino al cumplimiento de decisiones judiciales firmes que reconocieron su derecho de propiedad durante más de veinte años de litigio.
Indicó además, que más adelante dará a conocer el proyecto que será desarrollado en esa estratégica intersección del Distrito Nacional.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada y la obligatoriedad de cumplir las decisiones judiciales en la República Dominicana.
