Este lunes Listín Diario publicó un reportaje en el que divulgó las denuncias confirmadas por comunitarios y agentes de la Policía Nacional sobre cómo delincuentes utilizaban cámaras de video para vigilar las acciones de los organismos de seguridad en Guachupita, en el Distrito Nacional.
Horas después, más de 15 miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) acudieron a la calle Ramón Matías Mella de la referida localidad, donde se les pudo observar subiendo escaleras movibles para desinstalar estos dispositivos de seguridad establecidos en postes de luz, administrados por malhechores.
La inquietud de la comunidad fue verificada por reporteros de este medio el pasado 28 de septiembre, al visitar esta zona de la capital en momentos en los que dos jóvenes estaban siendo perseguidos por los organismos policiales por supuestamente haber cometido diversos delitos.
Johan Adón, de 19 años; y Andrés Jesús Espinal Pérez, 21 años de edad (Mazazo) permanecían atrincherados y armados en el interior de una casa ubicada en la misma calle en la cual se encontraba establecido el sistema tecnológico.
Tras alrededor de dos horas de espera, estos supuestos malhechores se entregaron de manera voluntaria a los más de 30 policías que rodeaban la edificación. Antes de lograrlo, varios agentes del cuerpo policial aseguraron a periodistas de esta rotativa que las cámaras eran utilizadas por los jóvenes, supuestamente delincuentes, para anticipar las intervenciones policiales, así como para visualizar cualquier intento de ataque realizado por un bando criminal adverso.
Aunque los periodistas no pudieron ingresar al interior de la casa en la que se escondían, otras personas que mediaron para su entrega voluntaria a las autoridades lograron hacerlo, evidenciando por medio de videos realizados con los celulares a los prófugos de la justicia, a quienes un tribunal les impuso tres orden de arresto.
En las redes sociales fue realizada una publicación en la que se visualiza a estos jóvenes, en la habitación dentro de su hogar, escondidos con un arma de fuego, atentos a todos los movimientos del contingente policial situado en las proximidades.
Todavía ocho días después, las videocámaras no había sido retiradas, a pesar de que los organismos de seguridad asignados a esta demarcación estaban «conscientes sobre su uso delictivo», según expresaron algunos comunitarios sin exponer su identidad debido al temor de recibir posibles represalias.
“Después de que se los llevaron, por aquí no ha regresado ningún policía a tumbar las cámaras y ellos (los agentes) saben para qué son esas cámaras…”, dijo el residente.
Sin embargo, luego de la publicación realizada por este medio las autoridades adscritas a esa localidad decidieron retirar los aparatos.
Más casos
De acuerdo con recopilaciones periodísticas, en el territorio nacional han ocurrido al menos cuatro casos similares, registrados en las provincias Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, El Seibo y el Distrito Nacional. El Poder Ejecutivo está consciente de esta habitual practica implementada desde hace años por agrupaciones delictivas, así lo afirmó el entonces ministro de la Presidencia, Joel Santos, el 5 de agosto del pasado año. No obstante, estos hechos aún no han podido ser erradicados.
