La defensa de las empresas Jurinvest Abogados SRL e Inversiones M, junto a su gerente, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, solicitó ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la nulidad total del proceso judicial que enfrentan sus representados.
El doctor Gustavo de los Santos Coll fundamentó su pedido en cinco causales específicas. De estas, la defensa destaca como principal la vulneración sistemática de la presunción de inocencia mediante la filtración de información sensible a los medios de comunicación por parte del Ministerio Público.
Según dijo, el proceso ha estado viciado desde antes de su inicio formal. El jurista recordó incidentes previos, como los intentos de salida del país de Alain Rodríguez, los cuales fueron impedidos sin que existiera una medida de coerción judicial previa.
“Se está jugando con la dignidad y la presunción de inocencia de las personas. El Código establece un cerco para que la información en el marco de la investigación no sea debatida en la prensa”, afirmó el abogado.
Los «juicios paralelos» y la contaminación judicial
La defensa argumenta que la exposición mediática de datos sensibles genera un «proceso paralelo» con consecuencias devastadoras, ya que los señalados llegan al tribunal con una condena social previa. Sostienen que los magistrados podrían verse influenciados por la presión mediática y la opinión pública antes de evaluar las pruebas en estrado.
Asimismo, el abogado sostuvo que la filtración constante «corroe de manera permanente» el derecho fundamental a ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Para sustentar su postura, De los Santos Coll presentó ante el tribunal jurisprudencia de cinco tribunales latinoamericanos que han dictado la nulidad de acusaciones debido a filtraciones a la prensa y ocultamiento de pruebas.
Aunque el jurista reconoció que no es común obtener este tipo de decisiones en la jurisdicción local, enfatizó que la ley lo ampara.
«Aspiramos a que algún día se rinda una decisión responsable hacia el futuro. Lo que pasa es que no es fácil asumir esa responsabilidad desde el ámbito jurisdiccional», acotó.
