La defensa del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, principal imputado en el caso de corrupción administrativa denominado «Operación Coral», solicitó al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la absolución total de su representado, alegando que el Ministerio Público no logró destruir la presunción de inocencia del oficial.
Durante la presentación de sus conclusiones, los abogados Cristian Martínez, Romer Jiménez, Jesús Ramos y Francisco Álvarez plantearon al tribunal que los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) no pudieron demostrar la participación del militar en los hechos punibles que se le imputan.
Solicitaron a las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo el cese de toda responsabilidad penal basándose en los numerales 1, 2 y 3 del Código Procesal Penal, argumentando la ausencia de pruebas que vinculen a Cáceres con actos ilícitos. Asimismo, la defensa pidió al tribunal dejar sin efecto cualquier medida de coerción personal que pese sobre su cliente, permitiéndole recuperar su libertad plena.
También solicitó el rechazo del decomiso pretendido por el Ministerio Público y la devolución inmediata de todas las propiedades y bienes secuestrados durante los allanamientos, así como el levantamiento de las oposiciones e inmovilizaciones financieras.
Los profesionales del derecho instaron al tribunal a desestimar la demanda civil interpuesta por el Estado Dominicano (Equipo de Recuperación del Patrimonio Público), calificándola de «improcedente e infundada» al no haberse comprobado los hechos de la acusación.
«Al haberse comprobado la no comisión de los hechos imputados, solicitamos que se condene tanto al Estado como a la parte querellante al pago de las costas procesales», concluyó el equipo legal.
La defensa sostiene que, al no existir una base fáctica sólida, el resultado jurídico debe ser la libertad absoluta del general y la protección de su patrimonio frente a las pretensiones del Pepca, órgano que solicitó al tribunal condenar a Adán Cáceres a 20 años de prisión, al pago de 40 salarios mínimos y al decomiso de sus bienes.
Críticas a la tesis de la fiscalía
Los abogados consideran que la acusación carece de sustento probatorio suficiente y que existe una desconexión total entre los hechos narrados y las evidencias depositadas. Uno de los puntos clave señalados fue la supuesta malversación de fondos mediante las nóminas del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).
«El Ministerio Público no presentó ninguna evidencia de cuenta bancaria o reporte que demuestra que un fondo saliente terminará en manos de una persona que no trabajaba. No hay evidencia de que ese dinero fuera recibido por parte de la nómina», puntualizó el doctor Cristian Martínez.
Una defensa basada en documentos
Por su parte, el abogado Romer Jiménez subrayó que sus argumentos están respaldados por documentos de la Cámara de Cuentas y piezas probatorias del propio Ministerio Público que, a su juicio, terminan favoreciendo al imputado. Cuestionó la lógica jurídica de la acusación al intentar señalar como ilícitos bienes adquiridos mediante préstamos bancarios verificables.
Martínez, en su contrarréplica, centró parte de su argumento en la compra de la residencia de la familia Cáceres Quesada en el sector «Colinas del Oeste» y otros solares adquiridos desde el año 2013. Según la defensa, el órgano persecutor alega erróneamente que el imputado y su esposa no tenían capacidad económica, sugiriendo que el préstamo fue facilitado por «gerentes de confianza».
Sin embargo, detalló que la compra se realizó por un valor de 8.9 millones de pesos, de los cuales 6.2 millones fueron obtenidos a través de un préstamo en el Banco de Reservas. Sostuvo que los pagos de dicho financiamiento provienen de la cuenta única de Cáceres, alimentada exclusivamente por sus salarios como oficial general.
«Si el dinero para comprar la vivienda proviene de un financiamiento bancario ya transado y verificado, ¿qué hacemos aquí? No hay lógica en decir que la operación es irregular cuando los pagos salen de la cuenta donde el señor Cáceres recibe su sueldo», cuestionó Martínez, concluyendo que la transparencia de estas operaciones elimina cualquier posibilidad de lavado de activos.
