El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste fijó para las 12:00 del mediodía de este lunes el conocimiento de la medida de coerción en contra del cabo de la Policía Nacional acusado de dar muerte al joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, el pasado viernes en el sector de Herrera.
El tribunal colocó en el rol de audiencia número 6 el caso seguido en contra del alistado José Francisco Moreta Heredia, a quien se le imputa haber causado la muerte de un disparo de arma de fuego a Mercado Reyes, de 19 años de edad.
Ante la gravedad del suceso, la procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, calificó el hecho de “indignante” y anunció que solicitarán la imposición de prisión preventiva por el delito de homicidio voluntario.
De acuerdo con la instancia de imputación, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 5:00 de la tarde del pasado viernes en el sector La Cañada de Guajimía. El acusado se encontraba realizando labores de patrullaje y requisaba al ciudadano Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima.
El Ministerio Público establece que, cuando Mercado Reyes se acercó al agente policial para indicarle que el vehículo era de su propiedad, el imputado, sin mediar palabras, le propinó un disparo en el tórax. El impacto le ocasionó la muerte de manera instantánea, conforme al acta de levantamiento de cadáver núm. 0111474.
El incidente fue grabado por Ceballos Guzmán desde su teléfono celular. Dicho dispositivo será remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la correspondiente extracción de los videos como parte de las evidencias.
El órgano persecutor ha calificado jurídicamente el caso como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican y sancionan el homicidio voluntario. Petición del Ministerio Público: Durante la audiencia, los fiscales del caso solicitarán de manera formal la imposición de prisión preventiva como medida de coerción.
El Ministerio Público argumenta que existen elementos de prueba más que suficientes para comprometer la responsabilidad penal del imputado, y advierte que este no cuenta con los arraigos necesarios para garantizar su presencia durante el proceso judicial.