El propietario de la casa donde funciona la Unidad de Atención Primaria (UNAP) del sector San Martín, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, cerró las puertas del local tras el atraso de pago de 21 meses por parte del Servicio Nacional de Salud (SNS).
Rafael Hilario, propietario del inmueble, clausuró el acceso a la vivienda donde se ofrecían los servicios básicos de salud a la población de esta comunidad, debido a la espera por el pago de esta deuda acumulada de casi 2 años.
Hilario explicó que el acuerdo de pago comenzó a incumplirse luego de un cambio de las políticas administrativas por parte de las autoridades.
Explicó que anteriormente los pagos se realizaban mediante contratos trimestrales sin mayores contratiempos; sin embargo, ahora la Contraloría General de la República exige que el propietario esté registrado como Proveedor del Estado para liberar los fondos.
El problema radica en que Hilario se rehúsa a realizar este trámite, debido a que tiene otros negocios que se verían afectados tras constituirse como proveedor estatal.
Asimismo, establece que no es justo que se quiera obligar a cumplir con este requisito, años después de haber iniciado la relación contractual.
“Ellos tenían tres años viviendo ahí, pagando puntualmente. De seis meses para acá es que me están exigiendo que sea proveedor del Estado. Yo no me voy a hacer proveedor por esa cosita», manifestó.
Aseguró que esto “se ha vuelto insostenible, afectando no solo su sustento económico a sus 75 años, sino también su dignidad y la de su familia”.
La deuda acumulada, según explica Hilario, incluye un año en el que el personal de salud se mudó temporalmente a otro local pero no entregó las llaves del inmueble original, manteniendo el espacio ocupado con mobiliario y equipos del Estado sin efectuar los pagos correspondientes.
El cierre de la UNAP ha forzado a los médicos y enfermeras a permanecer fuera del local para cumplir su horario, aunque sin poder atender formalmente a los pacientes que acuden diariamente desde sectores como San Martín, Capacito y zonas aledañas.
Además, ha obligado a los pacientes de esta localidad a trasladarse a otros espacios de la provincia para recibir atención médica, en caso de ser necesario.
Ante esta situación, el director nacional del Servicio Nacional de Salud, Julio César Landrón, y el director de la regional, Rafael Rodríguez, indicaron que el dinero está garantizado, pero que la normativa legal vigente impide el pago si el beneficiario no cumple con el registro de proveedor estatal.
Rodríguez señaló que, de no llegarse a un acuerdo con el propietario, se verán en la obligación de buscar un nuevo local para trasladar la UNAP.