A más de un año de que se impusieran medidas de coerción contra policías y militares acusados de integrar una presunta red de sustracción y venta irregular de municiones de la Policía Nacional, aún no ha iniciado formalmente la fase preliminar.
La audiencia, que se conoce en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue fijada nuevamente para el 14 de abril, luego de que la jueza Patricia Padilla acogiera un pedimento de la defensa que solicitó reposición de plazo alegando no haber recibido en su totalidad la acusación y las pruebas documentales.
El abogado Deivy Castillo, representante de la civil Miguelina Bello Segura, quien guarda prisión domiciliaria afirmó que su defendida no conoce a ninguno de los oficiales imputados vinculados al caso.
Por su parte, las defensas de los uniformados señalaron que este hecho se trata de un «pez gordo» donde los verdaderos responsables no se encuentran en el proceso investigativo.
Según detalló el jurista Rafael Arno, actualmente guardan prisión preventiva cuatro de los agentes, entre ellos, el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, el capitán Nelson Valdez, el capitán Juan Miguel Pérez Soler y el raso Morelbis Medina Pérez.
Acusación
De acuerdo con el Ministerio Público, el grupo habría sustraído al menos 900 mil proyectiles de los almacenes oficiales para su presunta venta irregular, en un esquema que, según la acusación, operaba desde dentro de las estructuras de Seguridad del Estado.
La operación que llevó a la detención de los imputados, fue ejecutada en octubre del 2024, luego de una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional.
En ella participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva, la Dirección Central de Investigaciones Criminales, y más de 40 fiscales, quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
El Ministerio Público destacó que el capitán Víctor Manuel Santos con más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, fue clave en la manipulación de la auditoría efectuada y se asoció con los líderes de la red criminal para alterar nuevamente los números, lo cual fue detectado por los investigadores.
Sostienen que existió una actuación coordinada para desviar las municiones.
