En la democracia dominicana circula un rumor antiguo, una especie de murmullo político que rara vez se pronuncia en voz alta: el poder, aunque se invoque en nombre del pueblo, muchas veces reposa en las manos de los partidos. Cuando el Senado decidió anular la posibilidad de las candidaturas independientes, lo que en apariencia fue una simple resolución legislativa terminó revelando algo más profundo: la persistencia de una vieja enfermedad democrática, la silenciosa tiranía de las organizaciones partidarias.
El pensador francés Alexis de Tocqueville advertía que las democracias no solo podían sucumbir ante la figura visible de un tirano, sino también ante estructuras que monopolizan la representación hasta convertirla en un privilegio. Décadas más tarde, el sociólogo alemán Robert Michels formuló su célebre “ley de hierro de la oligarquía”: toda organización política, por más idealista que nazca, termina concentrando el poder en una élite que aprende a protegerse a sí misma antes que a la sociedad que dice representar.
La política dominicana, hoy, parece avanzar con paso obstinado por ese mismo sendero.
Las candidaturas independientes no son una extravagancia electoral ni una rareza institucional. Son, más bien, una bocanada de aire fresco en el pulmón de la democracia. Permiten que ciudadanos sin maquinaria partidaria —líderes sociales, académicos, activistas, empresarios o profesionales— se presenten ante el electorado con la única fortaleza de sus ideas. En cierto sentido, representan la forma más directa de la voz ciudadana.
Cuando esa puerta se cierra, el mensaje que queda flotando en el ambiente es inquietante: la política se transforma en un territorio privado, en un club de membresía restringida. Y cuando la política se vuelve un club, la democracia corre el riesgo de convertirse en una ceremonia: se vota, sí, pero dentro de un guion previamente escrito.
En América Latina, incluso con todas sus fragilidades institucionales, varios países han comprendido que las candidaturas independientes pueden ampliar el horizonte democrático. En México, por ejemplo, las reformas electorales permitieron que ciudadanos compitieran sin el respaldo de un partido, como ocurrió con Jaime Rodríguez Calderón. En Chile y en Colombia también existen mecanismos que permiten a los ciudadanos postularse mediante la recolección de firmas.
No se trata de sistemas perfectos. Ninguna democracia lo es. Pero al menos reconocen una verdad elemental: la democracia no pertenece exclusivamente a los partidos.
Cuando un país reduce la representación política a estructuras partidarias cerradas, ocurre algo parecido a lo que sucede con un río al que se le levantan demasiadas presas: el agua deja de correr con libertad y comienza a estancarse. La democracia dominicana corre ese riesgo.
Los partidos, que en teoría nacieron para canalizar la voluntad popular, terminan protegiendo su propia existencia. Se convierten en guardianes de una puerta cuya llave solo ellos poseen. El ciudadano queda entonces relegado a un papel pasivo: acudir cada cuatro años a las urnas para escoger entre opciones que otros decidieron previamente.
He ahí la paradoja de muchas democracias contemporáneas: el sistema electoral permanece, pero la libertad de competir dentro de él se vuelve cada vez más estrecha.
Desde una mirada histórica, esta decisión coloca a República Dominicana en una posición incómoda frente a la evolución democrática de la región. Mientras otros países intentan abrir nuevos caminos para la participación política, aquí se estrechan los existentes.
Sin embargo, la historia política enseña una lección constante: cuando las instituciones se cierran demasiado, la sociedad encuentra otras formas de abrirlas. Las democracias que restringen el espacio ciudadano suelen terminar enfrentando oleadas de inconformidad que nacen precisamente de esa exclusión.
Porque, al final, la política no pertenece a los partidos: pertenece al pueblo. Y cuando el pueblo siente que su voz solo puede expresarse a través de intermediarios obligatorios, empieza a sospechar —con una intuición que rara vez se equivoca— que la democracia ha dejado de ser un derecho para comenzar a parecerse a una concesión.