SANTIAGO.-Han transcurrido cinco meses desde que salieron a la luz pública serias denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión del centro oncológico bajo la dirección de Héctor Lora, y hasta la fecha el país continúa sin recibir una respuesta concreta por parte del Ministerio Público. Un silencio que inquieta, que preocupa y que deja en evidencia una peligrosa percepción: la de una justicia que parece actuar con los ojos vendados y los oídos cerrados ante hechos que demandan claridad y consecuencias.
Las denuncias no son menores ni superficiales. Se ha hablado de prácticas de nepotismo, de malversación de fondos públicos, de pagos sin sustento comprobable y de un manejo cuestionable de los medicamentos destinados a pacientes en condiciones vulnerables. A esto se suman señalamientos aún más delicados: la indicación innecesaria de estudios médicos con el único propósito de facturar a los seguros, así como posibles esquemas de evasión fiscal.
Cada uno de estos elementos, por sí solo, ameritaría una investigación profunda y transparente. Sin embargo, en conjunto dibujan un panorama alarmante, que sugiere la existencia de un entramado de irregularidades que no puede ni debe ser ignorado. La gravedad de estas acusaciones no solo compromete la ética administrativa, sino que impacta directamente en la vida y la dignidad de pacientes que dependen de un sistema de salud eficiente y humano.
Más preocupante aún es la falta de acción visible por parte de las autoridades competentes. La ausencia de respuestas claras, de avances en las investigaciones o de medidas cautelares genera un manto de impunidad que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. La justicia no puede darse el lujo de ser selectiva ni tardía, mucho menos en casos donde están en juego recursos públicos y la salud de la población.
Hoy más que nunca se hace necesario que el Ministerio Público actúe con firmeza, independencia y celeridad. El país merece respuestas, pero sobre todo merece justicia. Porque el silencio institucional, cuando se prolonga, deja de ser prudencia y comienza a parecer complicidad.
La sociedad observa, cuestiona y espera. Y en esa espera, lo único que no debería tener cabida es la impunidad.