Las magistradas del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, acogieron en la audiencia pública celebrada el 27 de agosto la solicitud del Ministerio Público y de los acusadores particulares del arresto de Rafael Olegario Helena Regalado, imputado en el caso Costa Dorada, con el objetivo de asegurar su presencia en el proceso y que el juicio pueda conocerse sin dilaciones indebidas.
Esta medida fue dispuesta conforme a lo establecido por el artículo 306 del Código Procesal Penal para evitar las tácticas dilatorias realizadas por el imputado, de manera directa y a través de la empresa que representa, Global Multibussines Corporation GMBC, S.R.L., con el fin de impedir el conocimiento del proceso.
Dentro de dichas tácticas, consideradas temerarias y configuradas como una deslealtad procesal, se encuentran: recusaciones al Ministerio Público actuante; recusaciones y solicitudes de inhibición a varios jueces; sometimientos penales y disciplinarios infundados a jueces y cambios de abogados injustificados. Todo esto con la finalidad de que el proceso no se conozca en un plazo razonable.
Junto a Rafael Olegario Helena Regalado están las coimputadas Ailec Paloma Soto Garabito, Judith Francesca Aguasvivas Báez, y la entidad Global Multibussines Corporation GMBC, S.R.L., como tercera civilmente demandada, a quienes el Ministerio Público acusa de falsedad en escritura, uso de documentos falsos y asociación de malhechores, para apropiarse fraudulentamente de capital accionario de la entidad Costa Dorada y su principal activo: una porción de terreno de más de 10 mil tareas en Baní.
Los acusadores privados Hilari Mayol, S.A.S.; Mayol & Co., SRL; Okra Company, LTD; y Grand Cays Corporation, a través de su abogado apoderado Jorge Antonio López Hilario, establecieron que este proceso será llevado hasta sus últimas consecuencias y sin importar las chicanas procesales que continúen realizando los imputados. Asimismo, expresaron su expectativa de que al momento de conocerse el juicio de fondo prevalezca la ley y se imponga una sanción ejemplar en contra de los imputados Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Francesca Aguasvivas Báez.
Sobre el caso Costa Dorada
Las familias Mayol y Serrano son afectadas por entramado tramposo que se apropió de las acciones de su compañía Costa Dorada y con ello de un terreno costero en Baní de más de 6,3 millones de m2.
El fraude consiste en la fabricación de decenas de contratos en los que hicieron aparecer a los socios fundadores de la empresa Costa Dorada vendiendo sus acciones a terceras personas que, a su vez, disponían en favor de otras, hasta culminar supuestamente siendo adquiridas por las personas que hoy aparecen como los titulares de estas.
Conforme a los documentos, estas ventas pretendieron validarlas con decenas de asambleas en las que también se hacían figurar como firmantes a los socios fundadores y a terceros que no eran conocidos por ninguno de los verdaderos socios e incluso algunos de ellos habían muerto al momento en que aparecen suscribiendo contratos y asambleas.
Además de producir más de un centenar de documentos falsos, procedieron a registrar los mismos en la Cámara de Comercio del Distrito Nacional y en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con lo que, los usurpadores aparecen desde hace años como los titulares de la totalidad del capital social de Costa Dorada en ambas instituciones, impidiendo toda negociación, desarrollo y funcionamiento de esta, de parte de sus reales propietarios.
El fraude fue descubierto parcialmente en el año 2013, cuando los reales accionistas completaban los trámites necesarios para la transformación de la empresa en una sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), y le fue negado en el registro mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo proceder a la transformación, porque ya dicho proceso había sido completado por los autores de la denunciada estafa.
