Seis personas fueron acusadas en Massachusetts de presuntamente organizar matrimonios fraudulentos para ayudar a extranjeros a obtener estatus migratorio en Estados Unidos, informó la Fiscalía federal de Boston, Massachusetts.
La principal acusada es Jennifer González, de 43 años, residente en Fall River, a quien las autoridades señalan como responsable de dirigir durante más de 10 años una operación que habría generado cientos de miles de dólares anuales.
Junto a González fueron acusados Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; Jessica Tavares, de 31, residente en Attleboro, y Jaylin Hill, de 26. Los otros cinco residen en Fall River.
Los seis enfrentan cargos de conspiración para albergar a extranjeros en situación migratoria irregular, albergar a esas personas, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial.
González, Daniels, Alejandro, Pugh y Tavares fueron arrestados este miércoles, mientras que Hill cumple una condena en una prisión estatal por un delito relacionado con armas de fuego.
Cobraban hasta US$40,000 por matrimonio
Según documentos judiciales, González dirigía un negocio en el que extranjeros pagaban para que les organizaran matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses, con el objetivo de presentar documentos fraudulentos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y obtener beneficios migratorios.
La acusación sostiene que González pagaba a Daniels, Alejandro, Tavares y Hill, todos ciudadanos estadounidenses, para que contrajeran uno o varios matrimonios de esa naturaleza. Pugh, también estadounidense, habría trabajado como secretaria del negocio.
La operación presuntamente organizaba entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año y cobraba entre 38,000 y 40,000 dólares por cada uno. Las autoridades alegan que González habría obtenido cientos de miles de dólares anuales durante al menos una década.
La mujer supuestamente instruía a sus clientes sobre cómo aparentar que mantenían una relación matrimonial legítima. Entre las indicaciones figuraban contratar seguros de vida, abrir cuentas bancarias conjuntas y tomarse fotografías juntos.
Además, les habría explicado que necesitaba entre tres y cuatro meses para preparar la documentación requerida y les exigía firmar contratos para pagar por sus servicios.
Presuntas inversiones en República Dominicana
Durante la investigación, González habría dicho que utilizaba las ganancias del esquema para adquirir negocios y propiedades inmobiliarias en República Dominicana, al que se refería como «su país«, de acuerdo con los documentos judiciales. Según publicó la agencia AP, González es ciudadana estadounidense.
Las autoridades afirman que la mujer fue grabada en video y audio mientras dirigía la impresión y firma de un contrato presentado como un préstamo y recibía un pago inicial de 3,000 dólares en efectivo para organizar un matrimonio simulado.
En las grabaciones, supuestamente explicó que el contrato evitaba mencionar al futuro cónyuge porque eso sería incriminatorio y que los documentos estaban diseñados para ocultar el propósito fraudulento del acuerdo.
Los investigadores también alegan que los clientes realizaban pagos mensuales de 500 dólares al cónyuge asignado o a alguien cercano a esa persona para mantener el matrimonio simulado.
Según la acusación, algunos de los implicados tomaban fotografías de las ceremonias y de actividades sociales con sus parejas simuladas para utilizarlas en las solicitudes de beneficios migratorios.
Investigan posibles irregularidades con ayudas públicas
Los documentos judiciales indican que varios acusados habrían mentido en solicitudes de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de Massachusetts, al declarar que nunca se habían casado, pese a presentar peticiones migratorias federales en nombre de sus cónyuges simulados.
En el caso de González, las autoridades alegan que gastó más de 120,000 dólares recibidos en beneficios de SNAP mientras dirigía la presunta operación y compraba propiedades en República Dominicana.
La investigación continúa, informó la Fiscalía federal.
Penas de hasta 10 años de prisión
Los cargos de albergar a extranjeros en situación migratoria irregular y conspirar para hacerlo contemplan penas de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta 250,000 dólares
Por su parte, los delitos de fraude matrimonial y conspiración para cometerlo conllevan penas de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta 250,000 dólares.
Las penas definitivas, en caso de condena, serán determinadas por un juez federal conforme a las leyes y las directrices de sentencia aplicables.
El anuncio del desmantelamiento de la red fue realizado por la fiscal federal Leah B. Foley, junto con representantes de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.