El apagón general que afectó ayer a Santo Domingo no puede ser reducido a una contingencia menor ni explicado con fórmulas vagas. En un país que aspira a consolidarse como una economía en desarrollo franco, la electricidad no es un servicio complementario, es infraestructura crítica. Cuando el sistema colapsa, no basta con afirmar que ocurrió una falla. Se impone explicar qué falló, cómo falló y, sobre todo, qué se hará para que no vuelva a ocurrir, porque sin esa explicación el apagón no termina cuando regresa la luz, continúa en la incertidumbre.
Las declaraciones ofrecidas por las autoridades, entre ellas las del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y del presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini, cumplen una función elemental de comunicación pública. Se reconoce el evento, se anuncia una investigación y se alude a fallas en transmisión o en subestaciones. Conviene, sin embargo, precisar el mapa de vocerías. Paliza no es ministro del sector eléctrico ni autoridad técnica del sistema. Marranzini preside el órgano que coordina a las distribuidoras. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, atribuyó el origen del evento al disparo de la línea de 138 kV Hainamosa–Villa Duarte. Lo que no se ha visto con la misma claridad es la comparecencia pública, técnica y regulatoria, de quienes por competencia natural deben explicar y encuadrar este tipo de eventos ante el país, en particular la Superintendencia de Electricidad. Su ausencia o dilución en el debate público no es un detalle menor en un sistema regulado.
Desde una lectura técnica del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, las explicaciones ofrecidas resultan insuficientes, no solo por su generalidad, sino porque omiten la secuencia completa de los hechos. Un apagón de esta magnitud rara vez se origina en una sola línea o en una avería aislada. En sistemas interconectados pequeños y altamente concentrados como el dominicano, los colapsos generales responden a una secuencia conocida y documentada que conviene exponer con claridad si se aspira a generar confianza. El proceso suele iniciar con un evento primario relevante, como la salida súbita de una unidad de generación de gran capacidad, una falla grave en un nodo estratégico de transmisión o una perturbación que altera el equilibrio operativo del sistema. Ese evento provoca una caída abrupta de frecuencia o voltaje que debe ser absorbida por el despacho y por las reservas operativas disponibles, si estas existen y si están correctamente gestionadas.
Antes de ayer mismo se reportó, antes del colapso total, una caída significativa de la generación disponible, con más del sesenta por ciento del sistema fuera de operación en una primera fase del evento. Esa degradación progresiva, seguida del apagón general, es precisamente el tipo de traza que exige una explicación técnica completa, con cronología, identificación de la contingencia inicial y descripción de la actuación de las protecciones. Cuando el sistema opera con márgenes estrechos, con reservas insuficientes o con mantenimiento diferido, esa perturbación no se corrige a tiempo. En ese punto entran en acción las protecciones automáticas, diseñadas para preservar equipos y no para garantizar continuidad del servicio. El resultado es una desconexión progresiva que fragmenta el sistema y desemboca en un apagón general en cuestión de segundos. Este comportamiento no es excepcional ni imprevisible. Forma parte del conocimiento básico de la ingeniería eléctrica y es familiar para quienes han participado en la operación, regulación o gestión de sistemas interconectados. Precisamente por ello, limitar la explicación pública a una “falla en transmisión”, sin detallar el evento inicial, la actuación del despacho ni la respuesta de las protecciones, deja más interrogantes que certezas.
Esta exigencia de claridad no es retórica ni exagerada. Se trata del segundo apagón general en pocos meses. El país vivió un evento de características similares el 11 de noviembre de 2025, cuando una falla en la red de transmisión, asociada posteriormente a un error humano en la operación de una línea de 138 kV, provocó un colapso del sistema eléctrico nacional. La repetición en un lapso tan corto convierte la explicación técnica y la adopción de medidas correctivas en una obligación pública. Lo que se repite deja de ser accidente y empieza a parecer síntoma.
La ciudadanía tiene derecho a conocer esa secuencia, no por curiosidad técnica, sino porque sus efectos son inmediatos y profundos. Cada apagón general altera la vida cotidiana de miles de hogares, paraliza comercios, interrumpe procesos industriales sensibles, compromete servicios de salud y trastoca jornadas educativas completas. La incertidumbre energética no es una molestia pasajera, es un costo estructural que se acumula y se traslada a la producción, al empleo y a la calidad de vida. El impacto trasciende lo doméstico. El turismo, uno de los principales motores de la economía nacional, depende de un suministro eléctrico estable y confiable. La industria moderna y los servicios de alto valor no pueden operar bajo la lógica de la contingencia permanente. Ningún proyecto serio de desarrollo se sostiene sobre un sistema eléctrico que colapsa sin explicaciones claras ni correcciones visibles.
Haber sido director legal de una empresa distribuidora y ejercer la abogacía especializada en regulación eléctrica me obliga a decirlo sin rodeos. En sistemas institucionalmente maduros, eventos como los ocurridos en noviembre pasado y ayer activan protocolos claros que no se agotan en declaraciones. Se publica un informe técnico preliminar, se identifica la contingencia inicial, se explica la secuencia del colapso y se anuncian medidas concretas de corrección, con responsables y plazos definidos. La transparencia no debilita a las autoridades, las legitima. Aquí ocurre lo contrario. El país queda a oscuras dos veces, primero por la interrupción del servicio y luego por la ausencia de información técnica y de decisiones anunciadas que permitan pensar que algo cambiará.
Un país en desarrollo no puede normalizar apagones generales ni administrar su sistema eléctrico desde la reacción. Operar al límite, sin colchones de seguridad ni planificación robusta, es incompatible con cualquier discurso serio de crecimiento, competitividad y bienestar. La energía es la base material del desarrollo. Sin estabilidad eléctrica no hay producción sostenible, no hay turismo confiable, no hay inversión de largo plazo. El problema no será el apagón pasado, sino la normalización de anunciar la fecha del próximo.
