SANTO DOMINGO.- Luego de darse a conocer la detención de una abogada que fue sorprendida con tres haitianos indocumentados, escondidos en el baúl de su vehículo el pasado 22 de septiembre, trae a la memoria cuando en 2012 fue apresada de alterar un expediente judicial.
Hace 14 años, Sandra Maribel Furcal Guzmán fue arrestada en pleno Palacio de Justicia por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y una fiscal adjunta, bajo la acusación de haber alterado un expediente contra un defendido suyo, quien era señalado como vendedor de drogas.
Furcal Guzmán fue acusada de variar la fecha de las actas de arresto, las cuales solicitó y obtuvo mediante la secretaria del Juzgado de Atención Permanente, y requisa de un vehículo, propiedad de su cliente, Johan Manuel Herrera Blanco.
La abogada habría alterado los documentos “para que el apoderado pensara que el plazo legal de las 48 había vencido y en consecuencia libera a Herrera Blanco, de 27 años, apresada en flagrancia el pasado sábado”, según detallan publicaciones informativas de ese año.
“Yo soy prima de Furcal (exministro de Educación)”; figura como empleada del Ministerio
En 2026, al ser detenida por las autoridades, alegaba ser familiar directo del exministro de Educación, Roberto Furcal, pidiendo que le dieran “un chance” porque perdería su trabajo.
Dicha información, coincide indirectamente con la nómina pública del Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd), donde figura como supervisora de la Dirección de Participación Comunitaria, con un salario mensual de RD$ 60,000, desde 2020.
Asimismo, de acuerdo con las imágenes grabadas por un agente del puesto de chequeo, la abogada insiste en que trabaja en Educación y que perdería su trabajo por la situación.
Medida de coerción
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Dajabón impuso el pasado viernes medidas de coerción contra la abogada mocana.
Contra la jurista el tribunal dispuso presentación periódica, cuidado y vigilancia de un garante e impedimento de salida del país.
Las medidas deberán ser cumplidas durante un período de seis meses, mientras avanza el proceso judicial relacionado con el caso.