El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que el presidente de la República promulgó ayer en la mañana la Ley núm. 97-25, mediante la cual se realiza una importante reforma al Código Procesal Penal, para dar cumplimiento a la Sentencia TC 0765 24 que ordenó sustituir la Ley 10-15.
Peralta Romero indicó que esta reforma, por demás, apuesta por una normativa acorde con los principios democráticos y asume distintos criterios que el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia han venido creando en la materia.
Destacó que la ley moderniza el texto anterior ya que fortalece parte importante de los 28 principios del proceso penal. Igualmente consolida un modelo procesal más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de Derecho. El texto, apuntó, de conformidad con nuestra normativa, entrará en vigor a partir de mañana en el Distrito Nacional y a partir del miércoles en el resto del país.
Cambios
Dijo que, entre los elementos destacables del texto promulgado, figura la ampliación de los mecanismos modernos de resolución de conflictos, incluidos justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento, disponible ahora para hechos sancionados con hasta cinco años de prisión.
Expresó que la reforma fortalece el derecho de defensa y las garantías al elevar los principios fundamentales y modernizar los procedimientos. Se refuerza la presunción de inocencia, se asegura la asistencia técnica integral para partes vulnerables, y se garantiza una aplicación más humana mediante el principio de favorabilidad procesal.
Otras novedades incorporadas al texto
Peralta resaltó que los derechos del investigado se activan desde los primeros actos, como la citación o la inmovilización de fondos, y se amplía el plazo para que la defensa pueda presentar su escrito. Además, se otorgan más oportunidades para que la defensa solicite contraperitaje, y se fijan plazos máximos de dos años para los archivos provisionales, que antes no tenían límite. Asimismo, en el régimen de medidas de coerción, la reforma establece reglas más claras sobre el arresto y las órdenes de comparecencia, e impone un mayor rigor en el control judicial en la revisión obligatoria,
En definitiva, sostuvo, el reformado código está orientado a mejorar la administración de justicia penal y modernizar profundamente el sistema.
