Una prueba de ADN que estableció un 99.99% de probabilidad de paternidad constituyó una de las evidencias fundamentales para que el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde condenara a 20 años de prisión a Darvin Darien González Colón (a) David o El Cojo, acusado de violar sexualmente a su hijastra, una adolescente de 14 años con parálisis cerebral, y de embarazarla.
El resultado genético confirmó que González Colón es el padre biológico de la niña, que actualmente tiene dos años, nacida del embarazo producto de la violación sexual.
La prueba permitió establecer el vínculo biológico entre el condenado y la menor, dentro del conjunto de evidencias presentado por el Ministerio Público durante el juicio.
Durante el proceso, el tribunal también ponderó las condiciones de vulnerabilidad de la adolescente, quien, debido a su diagnóstico de “disfunción cerebral de origen córtico-subcortical de grado moderado, según el informe de electroencefalograma realizado por un neurólogo”.
Por lo tanto, la niña tiene discapacidad motora e intelectual, no habla, ni come, ni se mueve por sí sola. Su único gesto es una sonrisa que tiernamente esboza en su rostro.
El fiscal Luis Enrique Taveras destacó las condiciones de vulnerabilidad de la víctima y las dificultades que enfrentaba para comunicar lo ocurrido.
“Estamos hablando de una niña que tenía una condición especial, o algunas condiciones especiales que constan también en el expediente, que se discutieron en este juicio y la cual no tenía posibilidad de defenderse, ni siquiera de comunicar lo sucedido”, expresó.
la madre no testificó
El fiscal explicó que la madre de la adolescente se negó a comparecer voluntariamente al juicio, pese a que su hija era la víctima y la niña nacida del embarazo era su nieta.
Según relató, tuvieron que trasladarla a la audiencia con militares, bajo orden de conducencia, pero aun así decidió no declarar ante el tribunal.
“Nosotros tuvimos que conducir a la madre con militares a la audiencia, ya que la misma se negaba a venir al juicio a pesar de que su hija era la víctima y su nieta el producto de esa violación. Y a pesar de traerla, la misma se negó a declarar ante el tribunal”, manifestó Taveras.
El magistrado Miguel Alejandro Báez explicó que la madre de la menor no declaró en el juicio, por lo que no pudo contextualizar ante los jueces la relación que existía entre la víctima y el acusado.
Sin embargo, el juez sostuvo que esa circunstancia no eliminaba la certeza del tribunal sobre la responsabilidad del procesado. “Pero tampoco hay dudas respecto a que el acusado lo hizo”, expresó Báez.
El Ministerio Público presentó, además, testimonios y otros elementos relacionados con la atención médica que recibió la adolescente durante el embarazo. Entre los testigos figuró el ginecólogo Pedro Nicasio, quien fue el primer médico que atendió a la menor cuando estaba embarazada.
De acuerdo con lo explicado por el juez durante la audiencia, después de que la adolescente, su madre y el acusado visitaran al médico, González Colón se acercó al profesional para preguntarle si existía algún procedimiento mediante el cual pudiera interrumpirse el embarazo.
También fueron escuchados los testimonios de la magistrada Ana Marrero y de Yaniri Quiñones, directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
el acusado se declaró no culpable
Por su parte, Darvin Darien González Colón, conocido como David o El Cojo, rechazó las acusaciones durante la audiencia y alegó que no estaba en condiciones de cometer los hechos que se le imputaban.
“Yo soy padre de cuatro hijas hembras y tengo dos hijastras. Y no estoy en las condiciones de hacer algo como lo que me están acusando”, declaró ante los jueces.
No obstante, el tribunal lo encontró culpable y le impuso 20 años de prisión. La prueba genética, que arrojó un 99.99% de probabilidad de paternidad, constituyó una pieza determinante para establecer el vínculo biológico entre el condenado y la niña nacida de la violación a la adolescente.
La sentencia fue dictada por los jueces Miguel Alejandro Báez, presidente del tribunal, Rikelmigh Padilla y Dariana Peñaloó. El condenado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago.
