El Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó por segunda ocasión el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán (El Pastor) e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, acusados de maltrato físico, psicológico y trata de personas en perjuicio de varios menores de edad en la Fundación Restaurando Vida, un Muerto que Revive.
La decisión fue adoptada por el juez José Carlos Arias Nina con el objetivo de garantizar la presencia de las madres de los menores durante la audiencia y permitir la debida acreditación de su representación legal.
La misma se realizará el próximo martes 15 de septiembre.
A la salida del tribunal, el doctor David Ruiz, representante legal de las progenitoras, calificó la actuación del Ministerio Público como una pretensión “fallida, poco seria y poco transparente”, al intentar avanzar con la medida de coerción, sin la presencia ni la acreditación formal de las madres.
Ruiz explicó que el aplazamiento permitirá a las familias constituirse formalmente con la documentación correspondiente y ejercer sus derechos conforme al debido proceso.
Asimismo, criticó la falta de objetividad del Ministerio Público y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
“Si nos querellamos, deberíamos hacerlo en contra de Conani y del Ministerio Público, los cuales han llevado a cabo un ejercicio poco transparente y poco objetivo que ni siquiera ha dado a esas madres la oportunidad de ser escuchadas”, afirmó el jurista.
Añadió que la mayoría de las familias convivía de manera permanente con los menores y denunció que las intervenciones en la fundación se realizaron violando los protocolos y las garantías procesales.
Por su parte, los abogados de la defensa, Luis Carela y Manuel Soto Lara, argumentaron que las familias rechazan la representación del órgano acusador y de Conani, al considerar que las investigaciones se han efectuado de forma «apresurada e irresponsable». Sostuvieron además que la versión de los familiares contradice la acusación del ministerio público.
Detalles de la acusación del Ministerio Público
En el expediente depositado ante el tribunal, el Ministerio Público solicita tres meses de prisión preventiva como medida de coerción y pide que los imputados sean enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El órgano de persecución penal imputa a Capellán y a Muñoz Rodríguez los delitos de trata de personas, maltrato físico y psicológico contra 14 menores de edad, así como someter a los niños a trabajos forzados.
De acuerdo con la investigación, la Fundación Restaurando Vida, ubicada en el sector El Carril, Los Solares, en el municipio de Bajos de Haina, operaba en una iglesia donde albergaba a personas en extrema situación de vulnerabilidad.
Las autoridades señalaron que la entidad no contaba con la autorización correspondiente para funcionar como hogar de acogida para niños, niñas y adolescentes, por lo que su operación, captación de fondos y retención de menores se realizaban al margen de la ley.
