Por Rafael Sanz (CDP):
La aprobación del nuevo Código Penal ha dejado una lección que trasciende el contenido mismo de la ley. Ha puesto en evidencia una preocupante forma de legislar y ha abierto un debate impostergable sobre la calidad de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de construir el marco jurídico de la nación.
Durante más de dos décadas se insistió en la necesidad de modernizar el Código Penal. El proyecto fue enviado a comisiones, debatido durante años, sometido a consultas y revisado por asesores y especialistas. Nunca fue una iniciativa improvisada.
Precisamente por eso resulta incomprensible que, después de un proceso tan extenso, se aprobaran disposiciones que amplios sectores de la sociedad consideran incompatibles con principios esenciales como la libertad de prensa y la libertad de expresión.
La función de un congresista no consiste únicamente en aprobar leyes. Su deber es estudiarlas, comprenderlas, debatirlas y garantizar que cada disposición fortalezca el Estado de derecho.
Cuando una legislación necesita ser revisada apenas comienza el escrutinio ciudadano, el problema no radica solamente en el texto aprobado; revela también una preocupante debilidad en el ejercicio de la función legislativa.
Legislar es una de las responsabilidades más complejas del Estado. De una ley dependen derechos fundamentales, la seguridad jurídica, la economía, la convivencia social y la estabilidad democrática. Sin embargo, el sistema dominicano no exige que quienes aspiran a ocupar una curul acrediten conocimientos en Derecho, técnica legislativa, administración pública, políticas públicas o disciplinas afines que les permitan comprender el alcance de las normas que aprueban.
La representación popular constituye un principio esencial de la democracia y jamás debe perderse. Pero representar no puede significar improvisar.
El liderazgo político, el trabajo comunitario y la vocación de servicio son virtudes valiosas; sin embargo, cuando se trata de elaborar las leyes que regirán la vida de más de once millones de dominicanos, esas cualidades deben ir acompañadas de una preparación acorde con la enorme responsabilidad que implica legislar.
Quizás ha llegado el momento de abrir un debate nacional sobre la profesionalización del Congreso. Así como la Constitución exige requisitos específicos para ejercer determinadas funciones públicas, también resulta legítimo preguntarse si quienes tienen la misión de producir las leyes del país deberían demostrar competencias mínimas para desempeñar esa tarea.
No se trata de restringir la participación democrática, sino de fortalecerla garantizando que el voto ciudadano también se traduzca en calidad legislativa.
Lo más preocupante es observar cómo algunos de los mismos legisladores que participaron en la aprobación del proyecto intentan ahora presentarse como los principales intérpretes del descontento popular. Pretenden encabezar la rectificación de un problema que ellos mismos contribuyeron a crear.
Esa actitud no fortalece la confianza ciudadana; por el contrario, proyecta improvisación, oportunismo y una preocupante ausencia de autocrítica.
La República Dominicana ha recorrido un largo camino para consolidar su democracia. Esa conquista ha sido fruto del esfuerzo de generaciones que enfrentaron la censura, el autoritarismo y el abuso del poder para defender el derecho de los ciudadanos a pensar, opinar y disentir libremente.
Esas libertades no pueden quedar expuestas a interpretaciones ambiguas ni a deficiencias en el proceso legislativo.
El Congreso Nacional necesita recuperar el verdadero sentido de su misión. Legislar exige mucho más que alcanzar una mayoría de votos; exige estudio, competencia, independencia y un compromiso inquebrantable con la Constitución.
Porque cuando quienes tienen el deber de proteger las libertades fundamentales fallan en esa tarea, no solo se debilita una ley: se resiente la confianza de todo un pueblo en las instituciones que sostienen la democracia.
Las democracias no suelen perderse de un solo golpe. Comienzan a erosionarse cuando quienes fueron elegidos para defender las libertades olvidan que su primera lealtad no es con un partido político, sino con la Constitución y con el pueblo que depositó en ellos la responsabilidad de legislar con prudencia, conocimiento y visión de Estado.
