La semana pasada los periódicos reportaron el reconocimiento que la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) hizo a la labor del actual ministro de Turismo. El evento sorprendió como un hito histórico porque, excepto por su publicidad comercial y los ritos técnicos de sus reuniones con el gobernador del Banco Central, los bancos procuran operar en el anonimato y no suelen patrocinar contubernios públicos con figuras políticas. Al ser importantes dueños del capital, en todas las latitudes del mundo los bancos siempre han diligenciado sus intereses frente al poder político, casi siempre a través de contribuciones al financiamiento clandestino de las campañas electorales. Entonces, ¿cómo interpretar el referido acto?
¿Qué motivó a los bancos a romper con la tradición y abandonar su proverbial discreción? ¿Hay algo en su cartera crediticia para el más importante sector económico del país que amerite ese desmadre? No resultaría osado inferir que mediante el mencionado acto señalan que apoyarán las consabidas pretensiones presidenciales del ministro. Pero una interpretación alternativa es que sencillamente querían mostrar complacencia por el impresionante auge de su cartera turística, la cual reditúa pingües beneficios y registra una ínfima morosidad.
Hace pocos años que los bancos irrumpieron en la palestra turística en busca de una nueva clientela. En las primeras décadas de nuestro desarrollo turístico el financiamiento de los nuevos proyectos hoteleros provenía de bancos extranjeros; nuestra banca se mostraba tímida con respecto a la suerte de un sector desconocido. Pero a medida que ese sector se fue consolidando y se supo de la alta rentabilidad de los proyectos del sector, nuestra banca fue perdiendo sus temores. Y comenzó a buscar clientes desplegando sus banderas en las ferias turísticas europeas. FITUR es donde acusan una mayúscula presencia, tal vez porque la inversión turística española es hasta ahora la mayor en el sector. Paradójicamente, no asisten a las ferias de EE. UU. y Canadá, los dos principales mercados emisores de turistas para nuestro destino. Posiblemente eso se deba a que la mayoría de los inversores son europeos.
Su objetivo, por supuesto, es captar inversores que necesiten financiamiento para sus proyectos. Según una costosa portada del Listín Diario y otra de Diario Libre que patrocinaron ABA y ASONAHORES al siguiente día del referido acto, el balance actual de la cartera crediticia de los bancos al sector turístico se cifra en los US$2215 millones a marzo del presente año. De ese monto el Banreservas tiene la mayor parte con un 45 % del crédito al sector, mientras el Banco Popular le sigue con el 42 % del financiamiento turístico. Según la IA, la tasa de interés promedio de los préstamos en dólares está entre 8-9,75 %, mientras la pasiva se sitúa entre 0,25 % y 2,5 % para las cuentas de ahorro y 2,5 % y 5 % para los certificados financieros.
De ese margen de intermediación se desprende que sea entendible y legítimo que los bancos participen en los negocios del turismo, a pesar de los riesgos implícitos en una actividad económica sujeta a volatilidad. Los márgenes son tan buenos (o mejores) que los de los préstamos en pesos, además de que la morosidad y la calidad de la clientela también son mejores. Por eso puede interpretarse que una sólida rentabilidad del crédito en dólares explique el referido elogio al ministro. El único desliz de ese acto es que el estatal Banreservas participara encomiando la labor de un ministro de su propio gobierno.
Pero no por las obvias ventajas del crédito turístico deba descartarse la interpretación alternativa de que haya un interés en agenciarse poder político con una presidencia del mencionado ministro. Los rumores que circulan en ese sentido son fuertes. Aun descartándolos, se justifica aprehensión en vista de que los empresarios y banqueros —quienes son la gran mayoría de los ricos— están motivados por el afán de lucro. Si a los poderes que les otorga su riqueza se le añade poder político, es dable suponer un peligro de que se use el poder político para beneficiarse del Estado en desmedro de los intereses colectivos. Hasta un prominente banquero (de espesa barba) manifestó escepticismo en cierta ocasión sobre esa combinación en un video de YouTube que hoy ha sido retirado. Entonces la consideró no deseable.
Según la IA: «En América Latina, cuando se habla de gobiernos ‘plutocráticos’ normalmente se alude a regímenes o administraciones donde una élite económica tuvo influencia desproporcionada sobre el Estado y sus políticas: impuestos, privatizaciones, regulación laboral, concesiones, banca, tierra o acceso a contratos públicos. Pero ojo: que un gobierno favorezca a los ricos no siempre significa que haya generado crecimiento general pobre; a veces coexistieron crecimiento macroeconómico y alta concentración de riqueza.» Esto significa que un gobierno pautado por la elite económica no necesariamente impide el mejoramiento de la clase de escasos recursos.
Sin embargo, aunque ese gobierno genere crecimiento de la economía eso no significa que también reduce la pobreza y la desigualdad social. En su reciente libro Los dueños del dinero en la República Dominicana, el destacado periodista investigador Esteban Rosario nos dice: «El sector financiero concentró el año pasado más del 70 % de la riqueza del país.» Aunque desde 1962 el PIB creció desde los US$900 millones a los US$130 000 millones, «ese dinero no llega a las calles, se queda arriba». «El 70 % de la riqueza que se generó el año pasado se concentró en dos bloques financieros: en los bancos de Reservas, el Popular y el BHD; y en las asociaciones Popular y Cibao de ahorros y préstamos.» A ese monto habría que descontarle lo atribuible al estatal Banreservas, lo cual podría dejarlo en un 50 %.
No por eso debemos temer a que nuestros bancos tengan sus preferencias políticas y las manifiesten públicamente. Tienen todo el derecho de hacerlo en nuestra economía de mercado y régimen democrático. Asimismo, lo tienen otros grandes multimillonarios del país que contribuyen con financiamiento a las campañas electorales. Y tampoco debe asumirse que porque un gobierno sea dominado por una elite económica tendrá resultados negativos para los más vulnerables de la población. Una elite bienhechora podría descargar su responsabilidad social mediante una gestión positiva de gobierno.
En nuestro país hay una mayúscula concentración de la riqueza —el 10 % de la población posee el 54 %, según Rosario— y el peligro de que se agudice la desigualdad social estaría latente en un gobierno de los ricos. También se correría el peligro ideológico que significaría un giro hacia la ultraderecha, desembocando tal vez en una dictadura. Por eso la opinión pública está llamada a montar una alerta rigurosa acerca de las propuestas de desarrollo que ofrezcan sus candidatos. El voto del ciudadano no se puede comprar con solo una avasallante publicidad y la maleabilidad de los malos políticos. Sus consecuencias pueden ser muy disruptivas para la paz social y nuestra democracia.
