SANTO DOMINGO.- La jueza Isis Muñiz, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nación, fijó para el próximo martes 5 de mayo el conocimiento de la medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por supuestamente haber recibido un soborno de US$10,000 de un testigo del Ministerio Público.
Muñiz programó la audiencia tras el pleno de la Corte de Apelación rechazar su recusación para conocer la coerción.
De acuerdo con la investigación, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente la suma de US$200,000, que luego redujo a US$150,000 durante una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y solicitó un vehículo Mercedes Benz 350 o 450.
El imputado habría solicitado dinero a cambio de alterar el curso de investigaciones bajo su responsabilidad.
Sobre la recusación
La defensa, encabezada por el abogado Albert Delgado y Valentín Medrano, recusó a la jueza Isis Muñiz, al considerar que no está en condiciones de conocer la medida de coerción en contra de su representado.
Delgado argumentó que la magistrada participó en un elemento clave de prueba dentro del proceso, específicamente en la entrega controlada del presunto dinero del soborno, lo que, a su juicio, la limita para conocer el caso.
El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que todo acto de corrupción del que el Ministerio Público tenga evidencias será llevado ante la justicia, al tiempo que advirtió sobre el impacto que este flagelo tiene en el sistema judicial.
“La corrupción en el sistema de justicia es de las peores formas de corrupción… hace que el derecho sea soluble en dinero”, expresó Camacho, quien aseguró que la institución mantiene una política de “no ocultar, no tapar y no tolerar” estos hechos.
