La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) dejó sin efecto una decisión que sanciona a los abogados Lilia Fernández León, Mariel León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque, de litigar de manera «imprudente» y «maliciosa», en un proceso de referimiento en el ámbito del derecho de familia.
El tribunal presidido por Luisa del Carmen Canaán, e integrado por William Encarnación Mejía y Willy de Jesús Núñez Mejía, tomó la decisión, al anular la resolución del 11 de octubre de 2025, de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).
Asimismo, el tribunal al acoger un recurso de amparo, impuso al Colegio de Abogados, el pago de una astreinte de cinco mil pesos diario por cada día de retraso en el cumplimiento de la decisión.
El tribunal consideró que la Junta Directiva del CARD procedió a ejercer un proceso disciplinario en contra de los hoy accionantes, a pesar de haber existido una sentencia la cual dejó sin efecto dicho proceso, por entender los jueces que el mismo fue ejercido de manera irregular en violación al debido proceso.
Cabe destacar que también la Segunda Sala del TSA en agosto de 2025, había anulado un primer intento de juicio disciplinario en contra de los profesionales del derecho, quienes alegaron que el proceso vulnera principios fundamentales, específicamente el de Non Bis In Idem (no ser juzgado dos veces por la misma causa) y el derecho al trabajo.
El caso tiene su origen en una intensa disputa legal derivada del proceso de divorcio entre la señora María Amelia Hazoury Delgado y el empresario Juan Rafael Llaneza Gil.
Los abogados hoy favorecidos, pertenecientes a la firma León & Raful, han denunciado que el CARD ha sido utilizado como un «instrumento de represalia» por la contraparte de su cliente.
En febrero de 2025, una ordenanza civil los declaró «litigantes temerarios» por trabar oposiciones bancarias contra empresas vinculadas a Llaneza, como Inmobiliaria Don Juan, S.A.S, basándose en esa sanción judicial que luego fue revocada por la Corte de Apelación
En octubre de 2025, la Junta Directiva del CARD, presidida por Trajano Vidal Potentini, inició una persecución disciplinaria en contra de los abogados Fernández León, León Lebrón y Rosario Alburquerque, que fue calificado por los jueces como un «desafío abierto» a la autoridad judicial.
Excepción de Inconstitucionalidad
El tribunal rechazó este pedimento, argumentando que los accionantes no expusieron con claridad y certeza cómo los artículos del Código de Ética chocan con la Constitución. Según el fallo, la denuncia careció de la especificidad necesaria para activar el control difuso.
