República Dominicana cuenta con normas técnicas para el diseño y construcción de edificaciones sismorresistentes, pero no es técnicamente correcto afirmar que todo el parque inmobiliario del país está preparado para soportar un terremoto de alta intensidad, advirtió el arquitecto Edgar Martínez.
El presidente de la empresa EM Group Engeneering Mod Architecture explicó que las condiciones de seguridad sísmica de las edificaciones dependen, entre otros factores, de la época en que fueron construidas, las normas vigentes entonces y, especialmente, de si durante su ejecución se cumplieron realmente los parámetros establecidos.
El también ex secretario general del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) señaló que en el país comenzaron a considerarse formalmente las variables técnicas relacionadas con la resistencia sísmica a partir de 1979, cuando fueron emitidas las primeras recomendaciones técnicas provisionales para el diseño sismorresistente.
El especialista en supervisión y control de obras aclaró que esas recomendaciones no tenían carácter reglamentario ni legal y estuvieron vigentes hasta 2011, por lo que no puede garantizarse que las edificaciones construidas durante ese período, ni mucho menos las levantadas antes de 1979, cumplan actualmente con los niveles de seguridad requeridos.
Explicó que el desarrollo de la normativa dominicana puede dividirse en tres grandes etapas. La primera corresponde a las edificaciones construidas antes de 1979, cuando el país no disponía de orientaciones técnicas propias en materia sismorresistente y se recurría principalmente a criterios y referencias extranjeras.
La segunda etapa empezó en 1979 con las recomendaciones técnicas provisionales, que establecieron orientaciones más precisas para el diseño estructural, aunque todavía sin el carácter reglamentario que tendrían posteriormente.
La tercera comenzó en 2011, luego del terremoto que devastó Haití en 2010, cuando se revisaron las disposiciones existentes y se estableció, a través del Ministerio de Obras Públicas, el Reglamento R-001 sobre diseño estructural y sismorresistente.
De acuerdo con Martínez, esa reglamentación estableció requisitos mínimos destinados a garantizar la estabilidad de las estructuras y, principalmente, proteger la vida humana ante los movimientos sísmicos.
- Agregó que en abril de 2025 se produjo una nueva reorganización del marco regulatorio de la construcción, al asumir el Ministerio de Vivienda y Edificaciones la responsabilidad de implementar los reglamentos que anteriormente correspondían al Ministerio de Obras Públicas, incorporándolos al nuevo Código de la Construcción.
Diseñar no es lo mismo que construir
Martínez hizo énfasis en que cumplir con las normas en el diseño de una edificación no garantiza por sí solo que la estructura resultante sea segura.
«No es lo mismo diseñar en plano que construir y, sobre todo, construir apegado a las normas«, sostuvo.
A su juicio, uno de los principales problemas del país radica en las deficiencias existentes en los mecanismos de control y supervisión durante los procesos constructivos, debido a la falta de una supervisión técnica objetiva, rigurosa e independiente.
Consideró que una de las garantías para determinar que una edificación fue construida conforme a las normas es disponer de evidencias y pruebas de laboratorio realizadas durante cada etapa del proceso constructivo, las cuales deben ser levantadas y validadas en obra mediante una supervisión técnica adecuada.
El arquitecto cuestionó que, en el esquema tradicional de supervisión utilizado en el país, el constructor sea quien contrate a la persona encargada de supervisar los trabajos.
«Es juez y parte«, afirmó, al considerar que este modelo limita la independencia necesaria para verificar el cumplimiento de las normas técnicas.
Explicó que, en muchos casos, la supervisión termina funcionando como una especie de veeduría que observa los procesos realizados por los trabajadores, pero sin ejercer un control técnico suficientemente riguroso sobre cada una de las etapas de la construcción.
A su entender, esto provoca que se deleguen demasiadas decisiones técnicas en maestros de obra y constructores y que las verificaciones se realicen cuando los procesos ya han concluido, dificultando determinar si los parámetros establecidos fueron cumplidos.
Martínez advirtió que esta situación contribuye a la existencia de vicios de construcción en una parte importante de las edificaciones del país.
Recomienda evaluar las edificaciones existentes
Ante la posibilidad de que el país enfrente un terremoto de gran intensidad, el especialista recomendó a las administraciones de condominios y a los propietarios de edificaciones comerciales, educativas y de otros usos realizar evaluaciones sísmicas y estructurales de sus inmuebles.
Planteó que esas evaluaciones deben estar acompañadas de planes de acción que permitan determinar las medidas necesarias para reducir eventuales niveles de vulnerabilidad y orientar a los usuarios sobre cómo actuar ante la ocurrencia de un terremoto.
Martínez indicó que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) realiza evaluaciones y, según explicó, ha puesto este servicio a disposición de la ciudadanía de manera gratuita. También señaló que existen empresas del sector privado que ofrecen este tipo de servicios.
El arquitecto llamó además a los constructores y desarrolladores de proyectos a asumir una mayor responsabilidad en materia de seguridad estructural y a procurar que las edificaciones sean sometidas a procesos de supervisión rigurosos e independientes.
Consideró necesario que durante la construcción se documenten y conserven las evidencias de los procesos ejecutados, incluidos los controles y pruebas correspondientes, de manera que en el futuro pueda comprobarse la calidad de los trabajos que ya no son visibles una vez terminada la edificación.
«Hay que dejar las evidencias constructivas de los procesos como garantía mañana de evaluar ya lo que no se ve», sostuvo.
Martínez insistió en que disponer de normas sismorresistentes constituye un paso fundamental, pero su existencia no es suficiente si no se garantiza su cumplimiento durante la construcción y si no se evalúan las edificaciones existentes para conocer su verdadero nivel de vulnerabilidad.
