El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Ángel Gabriel Aquino Acevedo y Juan Manuel Méndez Pérez, tras hallarlos culpables de participar en un atentado contra la vida de María Teresa Núñez, hecho que las autoridades atribuyen a un plan de sicariato coordinado desde un centro penitenciario.
El tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar Arias, junto a las jueces Clara Castillo y Yisell Soto, ordenó que ambos condenados permanezcan recluidos en el centro penitenciario donde actualmente cumplen prisión preventiva.
Como parte de la sentencia, los jueces también dispusieron el pago de una indemnización de cinco millones de pesos a favor de Salvador Emilio Carvajal y de un menor de edad, ambos presentes en el lugar del ataque, y quienes resultaron heridos durante el hecho.
La lectura del fallo se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad, luego de que en una audiencia anterior, celebrada el lunes previo, agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) intentaran llevarse a un testigo clave del proceso.
Las pruebas que sustentaron la condena
Según el tribunal, el Ministerio Público logró destruir la presunción de inocencia de los acusados mediante un conjunto de pruebas testimoniales, materiales, periciales y audiovisuales que se consideraron indivisibles entre sí.
Entre los elementos probatorios más relevantes se encuentran grabaciones de video e inspección de la escena, que confirmaron la presencia de dos atacantes armados, vestidos con abrigos con capucha de colores verde y negro.
Trece casquillos percutidos recolectados en el lugar, de los cuales nueve resultaron compatibles con el arma de fuego presentada como evidencia, la identificación directa de la víctima, María Teresa Núñez, quien reconoció a sus agresores al señalar que estos se bajaron el pasamontañas durante el ataque, versión corroborada por el testimonio de su hija, Harolyn Núñez.
La declaración del testigo menor de edad, identificado con las iniciales W.F.V., recogida mediante una entrevista en Cámara Gesell, a la que el tribunal otorgó plena validez.
El menor relató que los procesados fueron contratados y pagados por terceros desde la cárcel para ejecutar el crimen, y que él mismo se negó a participar en el plan tras ser contactado.
