Las exclusiones y debilidades del Sistema de Seguridad Social son harto conocidas. En su momento, la ley 87-01 cumplió su papel y sus principios básicos siguen vigentes. Pero, en la práctica, los niveles de protección de la población son insuficientes para que dicha norma cumpla sus objetivos.

Persisten las mismas discusiones: ampliación de cobertura (salud personal, riesgos laborales, retiro y muerte) e inclusión de más personas a los beneficios (derechos) del sistema.

Ahora que se habla de reforma fiscal, lo que deberá hacerse realidad, si es progresiva y no castiga a las clases que tradicionalmente lo han sido, el gobierno de la nación tendrá que revisar los programas sociales, lo que no es dable políticamente y dejaría sin protección a muchos sectores vulnerables (1); y, ampliar la base del ITBIS, revisar las leyes de incentivos sectoriales y analizar y ajustar los impuestos en general, aumentando la presión fiscal al menos ahora en un 1.5% del PIB y seguir haciéndolo progresivamente hasta alcanzar el equilibrio del binomio ingresos y gastos y que el país lo soporte (2).

Si queremos una población sana, retiros y muertes dignos, la informalidad que nos asfixia es un obstáculo y las autoridades deben emplearse a fondo para superarlo.

Sin una reforma que asuma el problema del Sistema de Seguridad Social, que tome en cuenta todas sus variables y la realidad del país y que permita, no solo incrementar los gastos e inversiones del gobierno, sino que posibilite tener un sistema viable, solvente y con la capacidad real de asegurar el bienestar de las familias, los envejecientes y la salud de los ciudadanos, dicho sistema está condenado al fracaso.

Irá colapsando en la medida en que el Estado no pueda contar con los recursos necesarios para cubrir a una población que se incrementa, exige legítimamente más y mejores servicios públicos, si no establece políticas públicas estatales que impulsen el ahorro individual y el acceso de la población en la economía formal y a instrumentos financieros de inversión eficientes que garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Un indicador relevante de una sociedad que se precie de protectora de los derechos humanos y comprometida con el desarrollo, es el funcionamiento eficiente, eficaz y efectivo de su Sistema de Seguridad Social, en cuyo ámbito el Estado tiene que apostar los mejores recursos humanos y mayor cantidad de recursos económicos para garantizar su universalidad.