“La desigualdad económica no solo es injusta, sino también perjudicial para el crecimiento y la estabilidad social”. (Esther Diflo y Abhijit Barnerjee: Buena economía para tiempos difíciles).

La Reforma Fiscal integral es la reforma más medular que demanda la sociedad dominicana de manera ineluctable. Es la génesis y eje transversal de las reformas estructurales que hay que acometer. Ella constituye la derivación de otras como la Seguridad Social, la del Código laboral, la inversión del capital humano, todo lo que concierne a la problemática del agua. En otras palabras, la reforma fiscal, viene a ser la madre de todas las reformas. De ella dimanan las demás, en cadena efectiva. Es lo que se denomina la conjugación de los tiempos: importante y urgente.

La Economía es una ciencia social. Encierra en sí misma el caleidoscopio de los intereses, entraña en su vientre las diferentes clases sociales y su grado y peso en una formación social determinada. La expresión y viabilidad de una reforma, comportamiento en su praxis el grado de compromiso de la elite política y económica con una sociedad. Una reforma fiscal ha de devenir en el Siglo XXI como una dinámica de igualdad de oportunidades, como una lucha titánica en favor de la equidad para lograr un desarrollo económico sostenible que coadyuve a la calidad de vida, a la cohesión social, a generar un mayor sentido de comunidad a través de un desarrollo del capital social.

La reforma fiscal que ha de apuntalarse tiene que tocar en gran medida la parte consustancial, inherente a la vida humana, el miedo y con ello, la incertidumbre. La reforma ha de tener oxígeno de largo alcance que recree la confianza, la innovación, con visión como espina dorsal de un proceso estratégico. Una reforma fiscal no se da en el vacío, no es abstracta. Los economistas nos hablan como si no defendieran determinados intereses. Cada uno de ellos se presenta como apologista de los mejores intereses de la sociedad, como si detrás de sus postulados no hubiese una franja de clase determinada.

¿Cómo se determina una reforma, como nos damos cuenta del grado y asunción con el conjunto de la sociedad? ¿Cómo sabemos si propicia la desigualdad, si está o no a favor de los sectores más carenciados, más vulnerables? ¿Cómo nos damos cuenta si solo es una mirada a corto plazo o si ella es de amplio aliento, donde exprese mayor inclusión o más inequidad?

La sociedad dominicana es uno de los países líderes en el mundo con los mayores impuestos regresivos o indirectos. El 60.7% de los impuestos son regresivos y tan solo un 33.6% son directos. Los impuestos regresivos afectan más ostensiblemente a los más pobres y vulnerables del país. Ellos afectan significativamente al consumo y las transacciones. Los impuestos regresivos “no tienen ningún efecto sobre la redistribución de la riqueza. Es más, cuanto más elevado son los impuestos regresivos más contribuirá a la desigualdad social, ya que estos representan mayor carga para los pobres que para los ricos”.

En nuestro país el ITBIS es de 18%, es el más regresivo. Lo peor no es eso, es que el empresario, como agente de retención, se queda con ese dineral en una proporción entre 43-45% de evasión, sin contar la elusión. El promedio de la región es de 23%. La evasión del Impuesto Sobre la Renta es de un 65%, cuando en los países de América Latina y el Caribe es de 32%. La clase media y media alta no puede evadir, pues es un impuesto directo o progresivo donde no intervienen para su pago. No obstante, el empresario, capitalista o burgués, el empleador, tiene múltiples mecanismos para evadir, pues los pagos lo hacen sobre los ingresos netos y no sobre los ingresos brutos, que son un 27%.

En nuestro país, los empresarios cargan la mayoría de los impuestos a lo corporativo. Por ejemplo:

Bebidas alcohólicas: 10%.

Tabaco: 20%.

Servicios de Telecomunicaciones: 10%.

Servicios de Seguros: 16%.

Transferencias electrónicas: 1.5%.

Todos ellos son transferidos a las empresas, hasta los gastos del perro, del gato, del mono y de las trabajadoras domésticas. La clase media no tiene opciones. Solo obligaciones, pues ni siquiera de ellos depende a la hora de cobrar. Cuando le preguntamos a un empresario sobre el ITBIS nos dirá lo que sea, pues ellos, al final de cuentas, no pagan ese impuesto. Otros te dicen, hay que bajarlo, empero, hay que generalizarlo, incluyendo alimentos y medicina. Es decir, afectando a los más pobre y vulnerables, en un país donde el 75% de los que trabajan ganan menos de RD$54,000.00 pesos y el promedio salarial ronda los RD$36,000.00 y el 67% de la población tiene que “coger fiao” para terminar el mes.

Tenemos una sociedad donde el Producto Bruto Interno per cápita es de US$11,200.00 dólares, sin embargo, el 67% de la población no alcanza ese promedio. Somos el cuarto país de la región con la desigualdad social más horrida. Adicionemos la pobreza muy alta: 23.4%, monetaria, no multidimensional. La reforma fiscal tiene que ser muy innovadora, muy creativa. Esa reforma pasa por la necesidad de cambiar procesos, procedimientos, simplificación, tratamiento distinto a los actores económicos. Verbigracia: El monotributo, a fin de que las empresas informales se formalicen y paguen tributos de manera más simple.

No hemos oído hablar a la mayoría de los economistas del impuesto sobre las ganancias de capital, sobre los impuestos de herencia que apenas es de un 3% cuando debería ser al menos de un 10%. Hoy sabemos que mientras más regresivos son los impuestos en una sociedad más desigualdad existe en esa nación. Es lo que ocurre aquí. Por lo tanto, los sectores más sensibles, los intelectuales, académicos, no deben sustraerse de esa reforma. La reforma ha de plantearse un país más justo, que propicie un futuro mejor, más halagüeño para todos. Una reforma de Ganar- Ganar.

En los últimos 28 años las reformas que se han realizado han sido una especie de curita, ni siquiera parche, ni siquiera un gatopardismo. Han constituido la reivindicación permanente del statu quo y la ley secular del embudo. La reforma fiscal es inexorable, inexcusable. Por la irresponsabilidad de los que nos han dirigido, sobre todo, en el interregno 1996-2020, dado que se hicieron 10 reformas que nunca trajeron disminución de la desigualdad y donde la presión tributaria osciló entre un 12-15% del PIB, gastando entre un 18-19%, generando consigo déficits y más déficits.

El resultado es que desde el 2008 hemos tenido anualmente, un promedio de déficits de 3.1%. ¿Cómo llenar esas diferencias? Con deudas, con el financiamiento. ¡Asombroso! Estamos pagando solo de intereses un 3.6% del PIB, equivalente a más de RD$325,000 millones de pesos anuales. Después del 4% en educación, le sigue en erogación los intereses de la deuda. No hablo del saldo de la deuda, que implica amortización e intereses, que nos llevan a un 32%. La derivación ha sido un lastre, una carga pesada para la sociedad, coadyuvando en poca inversión en salud, en protección social, en viviendas, en seguridad, en justicia, en agua. Estamos tan graves que hoy los gastos en pagos de intereses son más altos que la inversión de capital en infraestructuras: 3.6% versus 2.8.

Ha sido más “fácil” para el poder político propiciar la desigualdad y la violencia estructural e institucional que asumir la visión y el rol del Estado como ente regulador, de control y de autonomía para ver la sociedad en su conjunto y hacerle ver a los que más tienen que deben de contribuir a una verdadera estabilidad y a un desarrollo económico más sostenible. La reforma fiscal tiene que cimentarse en una especie de planificación a largo plazo con visión indispensable, prerrequisitos ineludibles para el éxito económico con equidad.

¿Qué nos dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, consignada en la Ley 1-12, establecida en la Constitución en el artículo 241? Dicha ley estableció tres pactos que conllevarían tres reformas: educativa, eléctrica y fiscal. El Artículo 36 de la Reforma Fiscal dice “Se consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento”.

El párrafo del Artículo 36 es una hermosura del que nadie habla, como si la ley 1-12 no existiera. Veamos que dice el referido párrafo “El pacto fiscal implicará que en un plazo no mayor de 3 años, se habrá iniciado un proceso orientado a I) reducir la evasión fiscal, II) elevar la calidad , eficiencia y transparencia del gasto público, III) elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, IV) consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos, V) racionalizar los esquema tarifarios en la previsión de servicios públicos, VI) elevar la presión tributaria , para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible…”.

La Estrategia Nacional de Desarrollo descansa en cuatro ejes estratégicos, donde el segundo establece: “Postula la construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial”. El segundo eje termina con siete objetivos generales, a saber: Educación de calidad para todos y todas.

Salud y seguridad social integral.

Igualdad de derechos y oportunidades.

Cohesión territorial.

Vivienda digna en entornos saludables.

Cultura e identidad nacional en un mundo global.

Deporte y recreación física para el desarrollo humano.

Desde el 2015 debimos trabajar la reforma fiscal de acuerdo con la ley. Llevarla a cabo en el espacio 2020-2023 no era prudente ni aconsejable. Sin embargo, no podemos seguir procrastinando, pues la brecha se hace cada vez más grande y, en consecuencia, la injusticia económica-social crea más desigualdades. Como decía John F. Kennedy “Cuando hay abundancia, la pobreza es un ml. Y el lugar del Estado está allí donde se necesite un adversario contra el mal y donde haya personas que estén pasando dificultades”.

Stephanie Kelton en su libro El Mito del Déficit define que un déficit no es más que “una diferencia entre lo que tenemos y lo que necesitamos. En el Merriano-Webster Collegiale Dictionary se define literalmente un déficit como una diferencia en cantidad o calidad, como una ausencia de mejora en una habilidad o en una capacidad funcional”. Nuestra sociedad tiene enormes déficits que vienen generando una profunda deuda social acumulada: empleos, salud, infraestructuras, seguridad, cambio climático, agua, etc. etc.

No sigamos creando más necroeconomía y que los actores políticos y empresariales entiendan que la disminución de la desigualdad, de la pobreza, a través de mayores y mejores inversiones, de mayor gasto social, constituyen el antídoto de la violencia y de la conflictividad social. El mayor plus para la paz social es la bandera de que la gente importa en el camino de políticas públicas.

Nuestra clase política y empresarial está obligada a realizar una adecuada y efectiva reforma fiscal. No pueden seguir posponiendo la misma que, como dice Thomas Piketty en su libro Capital e Ideología “Todas las sociedades tienen necesidad de justificar sus desigualdades: sin razón de ser, el edificio político y social en su totalidad amenazaría con derrumbarse…”. ¡Una gran oportunidad para el Presidente para trascender!

Convertirse en estadista, asumiendo los desafíos de hoy, que es la historia, en el presente y en el mañana. Rupturar el paradigma de la vieja política. No es el tiempo en el poder lo que simboliza la eternidad considerada en la memoria de un pueblo. Es hora de construir la sinergia entre la ética política y la responsabilidad social corporativa, antesala de la inclusión social, expresión del contenido de la democracia.