Luego de pasadas las elecciones, el presidente no esperó ni 24 horas para hablar de la necesidad de hacer reformas estructurales, especialmente en el orden fiscal, provocando que las alarmas se dispararan, como si hubiera tocado un botón de pánico. Ahora todos hablan de reforma tributaria, para bien o para mal.

Lo extraño es que este pronunciamiento presidencial provocara reacciones como si estuviésemos ante una sorpresa. No lo entiendo, pues de alguna manera el tema fiscal se ha estado batiendo en los últimos cuatro años.

El Gobierno más claro no ha podido ser sobre su intención tributaria. Intentó aumentar impuestos en 2020 a través del Presupuesto Nacional, o bien con la propuesta que sometería a discusión en 2021, pero  que luego se vio precisado a retirar.

Y también lo ha intentado veladamente a través de normas o reglamentos, sobre los cuales ha tenido que desdecirse en más de una ocasión, al dejar sin efecto o engavetar intentos de aumentar las recaudaciones con medidas administrativas. Las intenciones de  hacer la reforma son clarísimas (para el que quiera verlas).

Hay una pregunta que cobra vigencia y que podría hacerse popular: ¿Es necesario hacer una reforma fiscal? Si bien la deuda actualmente es sostenible, el Gobierno sigue operando con un déficit estructural cercano a los RD$ 20,000 millones mensuales. De ahí que el pago de intereses siga aumentando y para este año se está presupuestando la cifra de RD$ 294,634 millones (4.0% del PIB), cuando se consideran las transferencias para recapitalización del Banco Central.

En una entrevista reciente el premio Nóbel de economía, Paul Krugman, para el caso norteamericano dijo lo siguiente: “El problema fiscal no es la deuda, es el déficit. Los gastos son mayores de manera consistente que los ingresos y eso es algo que hay que resolver en algún momento.” Algo similar está ocurriendo en el país. No hay una crisis inminente provocada por el aumento del endeudamiento, pero el peso tan alto de los intereses en el presupuesto es uno de los peores indicadores que tiene el país, de acuerdo a las clasificadoras de riesgo y es uno de los puntos que nos impide alcanzar el tan deseado grado de inversión a que aspiramos.

Otros factores que empujan al Gobierno a tratar de aumentar las recaudaciones son los siguientes:

Los ingresos totales del Gobierno, incluyendo la recaudación extraordinaria de adelantos de impuestos y amnistías, no alcanzan para cubrir los gastos corrientes. Nos estamos endeudando para pagar salarios, intereses y gasto corriente en general.

El país demanda mucho más gasto del Gobierno en infraestructura. No hay un aumento de la eficiencia que compense esto. Para el 2024 los pagos de intereses duplicaban el gasto de inversión presupuestado originalmente. Nuevamente un adelanto de impuestos vino al rescate: los ingresos por la renegociación de AERODOM, los cuales van a ayudar a aumentar la inversión pública de manera transitoria.

El Gobierno no sólo no va a bajar el gasto, sino que ha manifestado claramente que necesita aumentarlo. Lo han dicho el presidente y sus funcionarios. El gasto público que ya ronda el 19% del PIB, va camino a sobrepasar el 20% en el muy corto plazo. Mientras tanto la presión tributaria sigue estancada. Ese es el gran problema: se quiere gastar más, pero no se recauda más.

Al Banco Central se le pide mantener la estabilidad macroeconómica ante una continua situación precaria del Gobierno y ahora con un entorno externo de altas tasas de interés. Ya se le está exigiendo mucho. Es hora de ajustar las cuentas fiscales.

La verdad es que nunca hay un contexto favorable para aumentar los impuestos a la población. El mejor argumento que se me ocurre es que resulta más favorable hacer ahora la reforma y no en medio de una crisis como ocurrió en 1992 ó en el 2004.

En este proceso una pregunta resulta ineludible: ¿Tiene el Gobierno un claro diagnóstico para hacer la reforma? Otras interrogantes y reflexiones surgen como expresión de inquietudes que deseo compartir.

¿Aprendió el Gobierno la lección de la experiencia de 2021? La magnitud de la reforma presentada la hacía inviable, simplemente era muy ambiciosa. ¿Es sensato eliminar de golpe todas las leyes de incentivo, las exenciones del ITBIS, llevar el impuesto sobre la renta personal a 35% y el empresarial a 30%, aumentar la tasa de la mayoría de los impuestos selectivos y de paso subir el impuesto a la propiedad?

¿Es sensato aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas cuando ya hay productos de ese segmento de la producción que pagan una tasa que duplica el promedio de América Latina?

¿Se pondrán impuestos selectivos a productos que ahora no los tienen cuando las recaudaciones de los principales selectivos del sistema tributario vienen cayendo? Este es el caso para combustibles, bebidas alcohólicas, telecomunicaciones, contribución del GLP, por citar sólo algunos.

¿Está claro el Gobierno del diagnóstico en las Empresas Distribuidoras de Electricidad? El déficit operativo (sin inversiones) fue cercano a los US$ 1,400 millones en 2022 y 2023. Este monto prácticamente duplica el promedio de este déficit en el periodo 2009-2019, que fue de US$ 719 millones.

A pesar de la excelente labor del actual Ministro de Trabajo, la informalidad laboral sigue en el entorno del 55-58%. No es un tema de buenos funcionarios, es un problema estructural que debe tomarse en cuenta como parte del diagnóstico para una reforma.

Sectores como el comercio, que pagan una carga tributaria muy superior al promedio de la economía, enfrentan no sólo el problema de la informalidad laboral, sino la competencia desleal de las pacas, las mudanceras, los couriers y ahora el crecimiento exponencial de un comercio informal con el que es difícil competir y que surgió ante la mirada indiferente de las autoridades.

¿Están las administraciones tributarias y aduaneras listas para hacer frente a un ambiente adverso en que muchos contribuyentes tratarán de bajar su carga tributaria a toda costa ante un aumento adicional de impuestos?

¿Está alineada la narrativa del Gobierno en el mensaje de que se deben aumentar los impuestos para resolver el problema fiscal? Mientras el Ministerio de Hacienda está haciendo lo imposible por sobrevivir, otros funcionarios insisten en que se pueden aumentar las recaudaciones por arte de magia o todavía siguen con el discurso de que bajando la corrupción se resuelve el problema fiscal, sin tomar en cuenta que el gasto corriente va subiendo como un cohete.

La discusión no será fácil porque hay sectores que no han comprado el argumento de la mejora en la eficiencia del gasto que pregona el Gobierno. Otros cargan con una presión tributaria que duplica o triplica el promedio de la economía. Algunos apuestan a que con medidas mágicas se resuelve el problema; y otros quieren mano dura para los evasores. El Gobierno deberá ofrecer respuestas a todos esos sectores que en mayor o menor medida tienen algo de razón.