El presidente Enrique Peña Nieto tiene en sus manos la Ley de Transparencia que pone fin a décadas de opacidad en el gobierno y a la que anteriormente se opuso su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), porque lo somete al escrutinio público obligatorio igual que a los poderes ejecutivo, legislativo y el judicial y a instituciones íconos de la corrupción en México como sindicatos y fideicomisos.

Tras la aprobación de ayer en la Cámara de Diputados se concluyó el proceso legislativo de la ley y ahora corresponde al primer mandatario la publicación para que entre en vigor, acto que se espera en cualquier momento.

En meses recientes, el mismo Peña Nieto estuvo en medio de un escándalo de corrupción por la compra de una mansión de ocho millones de dólares a una empresa con la que había hecho contratos como gobernador del estado de México y a la que pretendía dar la obra del tren rápido México - Querétaro.

A través de su cuenta de Twitter @EPN, el mandatario mexicano, sin embargo, reconoció a los legisladores de la Cámara Baja:

Además de aumentar el número de sujetos obligados a transparentar la información pública, en adelante la autoridad deberá de justificar cualquier acto de reserva de información de manera oportuna.

La Ley también homologa y reduce los plazos de respuesta a solicitudes de transparencia y ordena la creación de una plataforma para dar apertura y seguimiento a las solicitudes de información y recursos de revisión.

Sólo resta un paso, que recordó el diputado Fernando Rodríguez: “Hago un llamado respetuoso a nuestros compañeros senadores, para que a la brevedad aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción” que busca dar más herramientas a los auditores de las cuentas públicas.

La ley

Fue aprobada el pasado jueves con 385 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones por el Pleno de la Cámara de Diputados.