Más que un acuerdo comercial, el tratado de libre comercio firmado por Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana, el DR-Cafta, es un convenio que establece normas contra la corrupción, cumplimiento de la institucionalidad, Estado de derecho y leyes de inversión, ambientales y laborales.

El convenio está muy vinculado a la democracia y, de ahí las amenazas del nuevo gobierno estadounidense de Donald Trump contra Nicaragua, país que busca sacar a la nación centroamericana del DR-Cafta.

De acuerdo con los lineamientos del acuerdo, cualquier país miembro puede ser sancionado, sobre todo por las grandes migraciones que huyen de la pobreza, la exclusión social y las desigualdades imperantes en América Latina, como formas antidemocráticas de falta de Estado de derecho y excesos laborales.

A Trump, según publicó este lunes 3 el periódico La Prensa de Nicaragua, no le interesa tener a la dictadura Ortega Murillo como socio comercial, y hasta vincula la visita del secretario de Estado Marco Rubio a la región, como un primer paso para buscar el apoyo regional.

El DR-Cafta es un convenio de libre comercio firmado en 2004 por Estados Unidos con cinco naciones centroamericanas: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, y Guatemala; más República Dominicana. Consta de 22 capítulos.

El acuerdo, en materia comercial fue aprovechado en un principio por El Salvador, pero en la actualidad el mayor comercio lo realiza Nicaragua, país único del bloque en lograr una balanza comercial a su favor.

Estados Unidos mantiene un superávit con el DR-Cafta. Según datos del USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) solo en 2022, el balance a favor del mercado estadounidense fue de US$8,100 millones. El comercio de bienes y servicios fue de US$108,500 millones ese año.

La posible ruptura de Trump con Nicaragua no sería desventajosa para el país en el ámbito comercial, pero sí una señal de que las reglas deben ser cumplidas en el acuerdo multilateral y, a la vez, bilateral, porque hubo negociones entre USA y determinado país, sobre todo en listas de acceso de productos.

Nicaragua, de acuerdo a investigaciones del experto agrícola ManeGonte, en 2024 República Dominicana solamente importó desde Nicaragua US$64,058.99 en patas de res, US$36,418 en refrescos y US$79,922 en productos de tabaco, para un total de US$180,399, en la parte agrícola.

En cambio, las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos en los últimos cinco años son mayores a las estadounidenses.

En lo que va de gestión, el Gobierno de Trump ha publicado a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) dos anuncios importantes: uno sobre la revisión de prácticas desleales en el comercio exterior, apelando al Memorando Presidencial “Política comercial de Estados Unidos Primero” firmado el 20 de enero de 2025.

Y, la primera estrategia comercial para combatir el trabajo forzoso.

El acuerdo, que promueve la democracia y la cooperación, contempla el cumplimiento del Libro Blanco creado en el contexto del DR-Cafta, con el objetivo fortalecer el cumplimiento de las leyes laborales y fomentar el diálogo social en la región.

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USTR anuncia una revisión de prácticas comerciales desleales en el exterior

El 24 de enero de este año 2025, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), entidad que se encarga de administrar el DR-Cafta, anunció que revisará las prácticas de comercio exterior que puedan afectar o restringir el comercio de Estados Unidos.

El 20 de enero de este mismo año, la USTR publicó la primera estrategia comercial para combatir el trabajo forzoso, señalada como la primera vez que Estados Unidos ha establecido un enfoque integral para utilizar herramientas comerciales para combatir el trabajo forzoso, que ve “como una forma de competencia económica desleal que daña y deshumaniza a las personas en todo el mundo.

El informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) titulado: Cafta-RD y los derechos de los trabajadores: pasando del papel a la práctica, analiza la inversión de Estados Unidos de US$20 millones anuales en los países miembros para el mejoramiento de las prácticas laborales y evalúa si ha habido progreso en este tema desde la firma del tratado.

La investigación recoge incidencias de los derechos humanos en las Américas, una región que se considera la segunda más desigual del mundo.