La República Dominicana enfrenta un litigio sin resolución en la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que el Órgano de Apelación, responsable de decidir estos casos, permanece inactivo desde hace cuatro años por falta de consenso. La posibilidad de que se reactive parece aún más remota ante el próximo retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.

La disputa involucra a Costa Rica, que cuestiona las medidas antidumping aplicadas por la República Dominicana a las importaciones de barras o varillas de acero corrugadas o deformadas para refuerzo de concreto y hormigón originarias de ese país. En 2023, un grupo especial de la OMC apoyó a Costa Rica, argumentando que las medidas dominicanas violaban las normas del organismo. En respuesta, República Dominicana apeló en septiembre de ese año, buscando una revisión a dichas conclusiones.

El órgano de apelación, establecido en 1995, es crucial para resolver las litis comerciales entre los 166 Estados miembros de la OMC. Lo componen siete integrantes; actúa como última instancia y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento. Puede confirmar, modificar o revocar las constataciones y conclusiones jurídicas que haga un grupo especial. Sin embargo, el órgano ha estado inoperante desde 2019 debido a la falta de nombramientos, lo que ha paralizado 24 apelaciones, incluida la dominicana.

En julio de 2023, el grupo especial dio su apoyo a Costa Rica en su disputa con la nación quisqueyana. Tras investigar las medidas objeto de controversia, determinó que son incompatibles con las normas de la OMC. Concluyó que los cálculos de las autoridades comerciales dominicanas que habían determinado la existencia de dumping (venta por debajo de costes) no se ajustan a los acuerdos antidumping.

En su defensa, el país argumentó cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas formuladas en el informe del grupo especial. Indicó que, dado que el órgano de apelación no podía funcionar temporalmente, y en interés de la equidad y el orden de las actuaciones en el procedimiento de apelación, la República Dominicana aguardaría instrucciones con respecto a cualquier otra medida que se deba adoptar en esta apelación.

EE.UU.: centro de crisis

La OMC funciona por consenso, es decir, todos los países miembros deben estar de acuerdo para que se valide una propuesta. Esta modalidad ha impedido que se cubran las vacantes en curso al no llegarse a ese consenso, a pesar de que los miembros de la OMC se propusieron hace dos años que para este 2024, el sistema de soluciones de diferencias sería plenamente operativo. La semana pasada se confirmó a Diario Libre desde la sede de la OMC, en Ginebra,  que aún no hay consenso.

La falta de dicho consenso radica principalmente en la negativa de los Estados Unidos a respaldar la designación de nuevos miembros del Órgano de Apelación, argumentando que dicho órgano ha estado sesgado en su contra y que algunas de sus decisiones han favorecido a otros países con quien ha tenido conflictos comerciales.

La agencia EFE ha establecido que los recelos de Estados Unidos hacia el órgano se iniciaron durante el Gobierno de George W. Bush (2001-2009), continuaron con el de Barack Obama (2009-2017) y se agudizaron con la administración de Donald Trump (2017-2021), que se caracterizó por su rechazo a todo mecanismo multilateral. De hecho, el retorno de Trump a la presidencia a partir del 2025 pinta una nebulosa para el órgano.

Jomary Morales, directora ejecutiva de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardias, que representa al país en este litigio, expresó a Diario Libre que esperan que el sistema de solución de diferencias de la OMC sea plenamente restablecido.

Aunque Diario Libre insistió por semanas ante la Cancillería para conocer la opinión de la representación oficial dominicana en la OMC, no se había podido conseguir al cierre de esta edición.

Soluciones alternativas

Costa Rica no ha emitido declaraciones recientes específicas sobre la inoperancia del Órgano de Apelación de la OMC en el contexto del litigio con la República Dominicana. Sin embargo, el país ha destacado su confianza en las resoluciones emitidas por los paneles del sistema de solución de diferencias de la OMC. Mientras tanto, algunas naciones han explorado mecanismos alternativos dentro de la OMC para garantizar la resolución de controversias comerciales como el arbitraje, acuerdos bilaterales y consultas o uso de paneles especiales como última instancia.

Un panorama incierto al que se aspiraba a no llegar

El mandato del último miembro activo del Órgano de Apelación expiró en noviembre de 2020, y el proceso de selección de nuevos integrantes ha estado suspendido desde 2017.

En el 2019, cuando se anunciaron "consultas intensivas" para resolver el bloqueo en el Órgano de Apelación, el entonces director general de la OMC, Roberto Azevêdo, dijo que estaba "claro que la parálisis del Órgano de Apelación no significa que en la OMC ya no haya un sistema de solución de diferencias basado en normas".

"Los miembros seguirán resolviendo las diferencias en el marco de la OMC a través de consultas, grupos especiales y otros medios previstos en los acuerdos de la OMC, como los arbitrajes o los buenos oficios del Director General..., pero no podemos abandonar lo que debe ser nuestra prioridad, es decir, encontrar una solución permanente para el órgano de apelación", dijo.

El último integrante activo salió del puesto con preocupación. Cuando Hong Zhao dio su discurso de despedida en el 2020, había 14 casos pendientes por conocer. Dijo en ese entonces: "Fue doloroso presenciar el desgaste de los miembros del organismo hasta que el Órgano de Apelación no pudo trabajar (...) El número de casos nunca dejó de aumentar, incluso durante 2020".

Después de su salida, llegaron 20 apelaciones más, al menos según las notificaciones divulgadas por la OMC en su página web y una de ellas es la de la República Dominicana.

En ese entonces, Zhao anticipó que, si la situación continuaba, "significará que el sistema de solución de diferencias de la OMC ha regresado a la era del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), cuando los informes de los grupos especiales podían ser fácilmente bloqueados por cualquier demandado".