A casi cuatro meses de la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer del camión recolector de basura que falleció tras ser apuñalado luego de un incidente de tránsito en Santiago, sus familiares denunciaron retrasos en las notificaciones de las audiencias del proceso judicial, situación que, según afirman, dificulta su asistencia y seguimiento del caso.
Pese a esas dificultades, aseguraron que continuarán compareciendo a cada audiencia y reiteraron que no cesarán en su lucha hasta que todos los responsables sean condenados.
«Queremos dejarle claro que no nos vamos a cansar de buscar justicia. «Mi hermano vino a morir delante de la justicia y estaremos aquí en pie de guerra hasta ver las últimas consecuencias», expresó durante la audiencia Sarah Seline Abreu Quezada, hermana de la víctima.
Al concluir la vista judicial, Kiara Michel Abreu hija de Deivy Abreu describió el vacío que ha dejado la ausencia de su padre, a quien definió como el principal sostén de la familia.
«Ha sido difícil porque él siempre estaba ahí y ya no tenemos ese apoyo. Mi papá está muerto y ellos están vivos, gozando de la vida. Yo hubiese preferido venir aquí con mi papá cada vez que haya una audiencia y que él estuviera vivo», manifestó.
La joven también se refirió a Jhovanny de Jesús Metz Cruz (alias «Macho»), señalado por el Ministerio Público como el presunto autor de la estocada mortal y quien permanece prófugo de la justicia.
«Lo que le hago es un llamado para que se entregue por la vía que él crea correspondiente. No fue un perro que mató. Todo el mundo sabe dónde él está; lo que pasa es que las autoridades no quieren hacer esto posible», sostuvo.
Por su parte, la hermana de Abreu cuestionó que algunos de los imputados procuren obtener medidas menos gravosas mientras el proceso continúa.
«Es muy fácil querer cambiar una medida de coerción, como si hubieran matado un perro. Ahora nadie quiere pagar por la muerte de mi hermano. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias y no voy a desistir», afirmó.
Los familiares insistieron en que permanecerán vigilantes del desarrollo del proceso y reclamaron que las autoridades agilicen las actuaciones pendientes para evitar retrasos en un caso que, aseguran, ha causado un profundo impacto en toda la familia.
Ratifican medida de coerción
Las declaraciones de los familiares se produjeron durante la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción, en la que la defensa de Carlos Andrés Roa Morán, uno de los imputados en el caso, solicitó sustituir la prisión preventiva por una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Como parte de sus argumentos, los abogados depositaron documentos con los que procuraban demostrar el arraigo familiar, laboral y social del imputado, al considerar que no existía riesgo de fuga que justificara mantener la medida más gravosa.
No obstante, el juez Job García Hurtado rechazó la solicitud y ratificó la prisión preventiva, al entender que, además de los presupuestos procesales, debía ponderar el riesgo que la libertad del imputado podría representar para las víctimas y el desarrollo del proceso judicial.
El magistrado sostuvo que, tratándose de un caso en el que hubo una muerte violenta, «los sentimientos pueden aflorar a flor de piel y también la violencia puede en cualquier momento aflorar», por lo que consideró necesario preservar la integridad física de las partes involucradas.
Asimismo, indicó que la responsabilidad penal del imputado solo podrá determinarse una vez concluya el juicio y se valoren todas las pruebas incorporadas al proceso, por lo que estimó que la medida de coerción vigente continúa siendo la más adecuada para garantizar su sometimiento a la justicia.
«Entiende el tribunal que la medida de coerción que lo sujeta es la adecuada… ratificamos la medida de coerción por entender que es la suficiente para sujetar al imputado al proceso», concluyó el juez.
