SANTO DOMINGO.– Una auditoría de la Cámara de Cuentas a la Dirección General de Aduanas (DGA), correspondiente al período 2016-2019, identificó 44 tipos de irregularidades financieras, contables y administrativas que, en conjunto, fueron cuantificadas en RD$18,967,840,743.
Aunque el informe fue publicado por la Cámara de Cuentas en enero de 2025, sus hallazgos volvieron a cobrar notoriedad este miércoles tras una publicación del portal web Acento. El reporte abarca las operaciones comprendidas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019 y señala diversas deficiencias relacionadas con el manejo de ingresos, inventarios, contrataciones, pagos, bienes y registros contables de la institución.
Entre los principales hallazgos figura la existencia de RD$11,164,213,895 en ingresos que, según los auditores, no fueron depositados en la Cuenta Única del Tesoro.
A esto se suman RD$3,662,724,405 correspondientes a registros cuyos documentos de soporte no fueron suministrados durante el proceso de fiscalización y RD$2,236,274,768 en inventarios sobre los cuales no se realizó una toma física.
La auditoría también identificó RD$274,311,538 en desembolsos realizados sin facturas u otros comprobantes, así como RD$210,781,564 en cuentas por cobrar originadas en acuerdos de pago que no habían sido registrados.
En materia de compras y contrataciones, los auditores señalaron pagos por RD$128,160,849 y RD$8,494,300 en los que, según el informe, no se aplicaron los procedimientos de selección correspondientes.
Asimismo, fueron observadas compras fraccionadas por RD$69,770,000, adquisiciones por RD$21,045,919 sin respaldo contractual y obras por RD$40,175,381 que no estaban contempladas en el Plan Anual de Compras.
El documento también recoge una declaración de urgencia relacionada con RD$29,625,263 que, de acuerdo con los auditores, no contaba con el informe pericial requerido para sustentar.
La fiscalización encontró, además, dificultades para comprobar la existencia y ubicación de determinados activos de la institución. Entre ellos figuran mobiliarios y equipos valorados en RD$14,710,908 que no fueron localizados.
En el área de recursos humanos, la Cámara de Cuentas reportó RD$14,218,587 en indemnizaciones superiores a los montos establecidos, además de pagos por RD$32,227,216 a personas que, según el informe, no correspondan.
También fueron señalados pagos vinculados a empleados que figuraban en nóminas de otras instituciones, así como RD$812,955 en bonos navideños entregados a personas que no pudieron ser verificadas en las nóminas examinadas.
Otro de los hallazgos corresponde a RD$98,503,461 en fondos incautados que no fueron presentados en los estados financieros, mientras que se detectaron diferencias con suplidores por RD$63,170,488 y discrepancias relacionadas con intereses bancarios por RD$27,618,770.
De acuerdo con el informe, otros seis hallazgos no pudieron ser cuantificados debido a las limitaciones encontradas durante la fiscalización.
Como resultado de la revisión, la Cámara de Cuentas emitió una opinión adversa sobre los estados financieros examinados, al considerar que estos no reflejaban razonablemente la situación financiera de la Dirección General de Aduanas durante el período auditado.
La fiscalización abarcó principalmente la gestión de Enrique Antonio Ramírez Paniagua, quien dirigió la DGA desde agosto de 2016 hasta agosto de 2020.
Ante las observaciones, la Cámara de Cuentas recomendó a Aduanas adoptar medidas para corregir las deficiencias identificadas, fortalecer los controles internos y gestionar la restitución de pagos duplicados, improcedentes o realizados sin documentación que sustentara los gastos.
El órgano fiscalizador también estableció la elaboración de un Plan de Acción Correctivo, con medidas dirigidas a atender las observaciones y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.
La cifra de RD$18,967.8 millones corresponde a la suma de los hallazgos cuantificados por los auditores y no implica, por sí misma, que ese monto haya sido sustraído o constituya una pérdida para el Estado. La determinación de eventuales responsabilidades corresponde a las autoridades competentes, conforme al debido proceso.
