El senador Félix Bautista depositó este lunes un proyecto de ley que prohibiría el ingreso a República Dominicana de las mercancías internacionales elaboradas a través del trabajo forzoso.
De esta manera, según informó Bautista, el Estado dominicano podría garantizar una reducción en los aranceles establecidos por Estados Unidos, los cuales están situados en aproximadamente un 12%.
Se trata del monto que deben pagar los exportadores dominicanos cuando envían sus productos hacia el territorio estadounidense para comercializarlos en ese mercado.
El congresista explicó que con el establecimiento de ese marco legal los empresarios de República Dominicana podrían disminuir de 12.5% a 10% la cantidad de impuestos requeridos por Estados Unidos.
El representante de la Fuerza del Pueblo (FP) precisó que la tasa podría ser igualada a la impuesta por Estados Unidos a los artefactos enviados por El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia.
“El sector exportador dominicano podría ahorrar hasta 182 millones de dólares al año (10 mil 920 millones de pesos) en costo de exportación”, dijo el senador de la provincia San Juan.
Indicó que esto tendría un impacto positivo en los exportadores dominicanos dedicados a la creación de dispositivos médicos y farmacéuticos, tabaco, agroindustria, call centers, bebidas alcohólicas, plásticos y calzado.
“De aprobarse esta ley, estaríamos en condiciones de solicitarle a los Estados Unidos, en el marco de las negociaciones diplomáticas, que eliminen el 2.5%, como lo han hecho con otros países”, precisó.
Bautista entiende que la actual tasa afecta la competitividad de los fabricantes dominicanos.
Además, considera que incentiva la salida del territorio dominicano de esas empresas hacia México y otros países en los cuales los costos de exportación no superan el 10%.
“Lo que afectaría la generación de divisas para el país y la pérdida de empleos para los dominicanos”, manifestó.
Sanciones y denuncias
Esta iniciativa legislativa conformaría un régimen de castigos que sería aplicado en quienes se dediquen a exportar productos edificados por medio del trabajo forzoso.
Las penalizaciones contemplan multas de hasta 100 salarios mínimos del sector público y periodos de suspensión del registro de importador para las empresas en el país.
Además, crearía un registro público que les permitiría a las víctimas de trabajo forzoso hacer la denuncia ante las autoridades de manera confidencial.
