El presidente Donald Trump amenazó con demandar por 5,000 millones de dólares al Centro para el Progreso Estadounidense, una organización sin fines de lucro de tendencia izquierdista, si no se retracta de un informe que cuestiona que el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades haya contribuido a reducir la delincuencia.
La organización tenía hasta el cierre de la jornada laboral de este viernes para retirar el informe o enfrentar una posible demanda, pero se negó a hacerlo, informó la agencia AP.
Neera Tanden, presidenta y directora ejecutiva del Centro para el Progreso Estadounidense, calificó la amenaza legal como un intento de intimidación.
«La demanda es un intento descarado de silenciarnos. No nos acobardaremos ni cederemos ante ella», declaró Tanden.
El informe, publicado el 13 de julio, cuestionó las afirmaciones de la administración Trump de que sus políticas habían contribuido a una disminución histórica de los delitos violentos.
Tras analizar datos sobre criminalidad, el centro concluyó que el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump «no tuvo ningún efecto apreciable en las tendencias de los delitos violentos«.
Tanden defendió el análisis y afirmó que las conclusiones del informe se basan en los datos estudiados por la organización y resultan simplemente «inconvenientes para la administración Trump«.
Trump exige retractación
En una carta enviada el lunes y divulgada inicialmente por The New York Times, el abogado de Trump, Alejandro Brito, exigió al Centro para el Progreso Estadounidense que retirara las afirmaciones que, según el mandatario, son falsas y difamatorias.
Brito escribió que el centro debería «retractarse de inmediato de las declaraciones falsas, maliciosas y difamatorias hechas sobre el presidente Trump«.
Entre las afirmaciones cuestionadas por Trump se encuentra una parte del informe que señala: «En un intento por afirmar falsamente que sus políticas han reducido la delincuencia, el presidente está explotando el hecho de que los delitos violentos y los homicidios ya estaban disminuyendo en las ciudades a las que su administración dirigió estas intervenciones extremas».
El abogado sostuvo que, si la organización no se retractaba, Trump buscaría una compensación por el «enorme daño financiero y a su reputación que los demandados le han causado».
Los intentos de AP de contactar a Brito este viernes no tuvieron éxito.
El asesor jurídico del Centro para el Progreso Estadounidense, Kevin Metz, respondió que la acusación de difamación carece de fundamento.
«La acusación de difamación es totalmente absurda: la verdad no es ni puede ser difamación. Los estándares legales en este caso son claros, están bien establecidos y protegen la libertad de expresión«, afirmó Metz.
Trump y las amenazas de demandas
Las amenazas de demandas contra organizaciones, medios y otras personas a las que Trump considera adversarios han sido una estrategia recurrente del presidente.
Durante los primeros meses de su segundo mandato, Trump también amenazó a varios bufetes de abogados con limitar su acceso al Gobierno federal si no aceptaban determinadas exigencias. Algunos de esos despachos cedieron ante las presiones.
Kevin Goldberg, experto en la Primera Enmienda del Freedom Forum, consideró que este tipo de amenazas pueden buscar principalmente intimidar a los críticos.
«Con el propósito de intentar someter a alguien, en lugar de hacerlo realmente para compensar a Donald Trump por cualquier daño que se haya podido causar», dijo Goldberg.