Este martes, el tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, dictó presentación periódica y declaratoria del caso complejo como medidas de coerción contra las cuatro profesionales de la medicina, y una alcalde pedánea, vinculadas a la supuesta falsificación de actas de defunción a personas con deudas que no podían pagar.
LISTÍN DIARIO tuvo acceso a la solicitud de media de coerción instrumentado por el Ministerio Público, en el que presentan 48 elementos de pruebas documentales, 10 testimoniales y 28 materiales, que vinculan a las imputadas con el principal cabecilla, Máximo Mendoza, quien guarda 3 meses de prisión preventiva.
De acuerdo al expediente, de esta manera sucedieron los hechos: El documento establece la existencia de un esquema delictivo dirigido por el imputado Máximo Mendoza, quien, de manera repetida y engañosa, falsificó actas de defunción con información falsa de personas que estaban vivas.
Indican que este, aprovechó la situación económica y social de sus víctimas para declararlas falsamente fallecidas en centros de salud y luego registrarlas en las oficialías del Estado Civil, causando un daño inmediato: no pudieron cobrar pensiones ni remesas, usar sus cuentas bancarias, realizar trámites civiles o proteger su nombre y su identidad.
Puntualizan que para llevar a cabo este fraude, el imputado Máximo Mendoza, se valió de la colaboración de los médicos Elva Cruz, Renata Suero Torres, Alba Mario Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Andry José Ureña Cambero, quienes firmaron certificados de defunción sin confirmar que esas muertes eran reales ni examinar los cuerpos, colocando como causas de fallecimiento enfermedades inexistentes.
Además, a la alcaldesa pedánea Yluminada Altagracia Uceta de Altagracia, quien emitió una certificación falsa en la que hizo constar que en su comunidad había fallecido una de las víctimas.
El documento de solicitud de medida de coerción establece que desde hace meses el imputado Máximo Mendoza, realiza esta acción delictiva, cuyo modus operandi incluye la simulación de vínculos familiares con personas vivas, a quienes declara falsamente como fallecidas ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) y oficialías del Estado Civil de los municipios de Esperanza y Mao.
Para lograrlo, se presentaba en centros de salud fingiendo aflicción y aprovechando su condición de paciente diabético, lo que le permite generar empatía con el personal médico, quienes, bajo engaño, acceden a registrar defunciones basadas en información falsa.
Posteriormente, utiliza estos registros fraudulentos para formalizar actas de defunción ante la Junta Central Electoral, afectando gravemente la integridad del sistema registral dominicano.
Según el MP, una de las casuísticas encontradas en el delito ha sido que algunas de las víctimas, personas en condiciones de vulnerabilidad económica, realizaban negociaciones de préstamos personales utilizando como respaldo los beneficios sociales que recibían a través de los programas estatales Tarjeta Solidaridad y Supérate.
Estos beneficios consistían en un capital mensual que oscilaba en la suma de dos mil cien pesos (RD$2,100), destinados a cubrir necesidades básicas como alimentación y gas.
Sin embargo, el imputado Máximo Mendoza, aprovechándose de la precariedad de estas víctimas, les ofrecía préstamos por montos que variaban entre cinco mil y quince mil pesos, generando una relación de dependencia económica.
En los casos en que las víctimas no podían cumplir con los pagos acordados, el imputado recurría a una maniobra aún más perversa: se presentaba ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios de Mao y Esperanza, fingiendo ser familiar directo de las víctimas alegando ser primo, tío, esposo, entre otros vínculos con el propósito de simular su fallecimiento y así ejecutar su plan fraudulento.
En el expediente de solicitud de medida de coerción se cuantifiquen al menos siete víctimas jurídicas y al Estado dominicano como octava víctima.
Las imputadas Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, médicos de profesión, así como la alcaldesa Yluminada Altagracia Uceta, deberán presentarse los días viernes de cada mes y no podrán salir del país durante el tiempo del proceso penal, de acuerdo a lo dispuesto por el tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, este martes.
