La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura y convirtió en ley un proyecto que modifica la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, e impone sanciones que alcanzan hasta 40 años de prisión para los traficantes cuando concurren agravantes específicas.
El proyecto establece que el delito de trata de personas será castigado con penas de 20 a 25 años de reclusión y multas de entre 700 y 1,500 salarios mínimos del sector público. A quienes participen como cómplices, se les impondrá entre 15 y 20 años de prisión.
En el caso del tráfico ilícito de migrantes, la pena base para los cómplices será de 10 a 15 años de prisión. Sin embargo, cuando se presentan circunstancias agravantes, las penas pueden escalar y llegar hasta los 40 años de prisión.
Entre las agravantes contempladas por la ley se encuentran:
La muerte de alguna de las personas objeto del tráfico
Daños físicos o psicológicos permanentes a las víctimas
Participación de funcionarios en el tráfico
Vínculos con crimen organizado nacional o transnacional
Uso de tortura o barbarie
Falsificación de documentos de identidad o viaje
Reincidencia en la conducta delictiva
Uso de empresas, agencias de viajes o aerolíneas para facilitar el delito
En ese sentido, cuando ocurre la muerte de una persona traficada, el castigo será de 30 a 40 años de prisión. Para otras agravantes como daño físico o uso de tortura, la pena oscila entre 25 y 30 años de cárcel.
En los demás casos agravados, el castigo será de 20 a 25 años.
Funcionarios involucrados
El proyecto también contempla inhabilitación por 10 años para los funcionarios públicos encontrados culpables o cómplices de este tipo de delitos.
La iniciativa nació en el Poder Ejecutivo en medio de las políticas del presidente Luis Abinader, que endureció las deportaciones y la política migratoria en contra de los haitianos indocumentados.
El proyecto ya fue aprobado en dos discusiones en ambas cámaras y, con el trámite congresual listo, ahora va al Poder Ejecutivo para su promulgación.
