El pasado lunes 22 de septiembre, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Jairo Joel González Durán por estafar a más de 400 personas con montos que superan los 15 millones de dólares, más de 34 millones de pesos y más de 3 millones de dólares en criptomonedas.
La corte le impuso una pena de ocho años de prisión a cumplir en el centro penitenciario de Najayo, una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector financiero y el pago de indemnizaciones civiles que en conjunto ascienden a unos 890,350,000 pesos.
Aunque la sentencia representa un paso en el proceso judicial, podría extenderse durante años en las diferentes instancias, lo que deja abierta una interrogante central: ¿Podrán las víctimas recuperar sus recursos una vez concluidos los procesos?
Consultados por Diario Libre, varios abogados vinculados al proceso advirtieron que el panorama no es alentador, considerando los niveles de deuda de los afectados.
Daniel Lapaix, representante de 45 víctimas, calificó como incierto el futuro de la reparación económica, considerando que solo a sus defendidos se les debe indemnizar por tres millones de dólares. «Si no hay dinero, aunque tengamos una sentencia favorable, no tendremos cómo ejecutarla«, agregó.
El jurista expresó que uno de los retos de las autoridades será establecer si efectivamente, González cuenta con los suficientes bienes para pagar resarcir a los afectados o está en la intención de reparar los daños producto de la estafa.
El abogado Juan Andrés de la Cruz, representante de otros dos afectados, coincidió en que la condena no responde a la magnitud del fraude.
«Uno no esperaba que fuera algo tan suave, tan benevolente (la condena), porque ahí estaban dadas todas las condiciones de un lavado de activos«, indicó. El abogado también advirtió que los bienes identificados hasta ahora no alcanzarían para cubrir las indemnizaciones.
«Hay más de 800 millones de pesos en condena por resarcimiento… pero los bienes que hay no dan para resarcir a todo el mundo. El panorama es oscuro», declaró.
Bienes decomisados
La lista de bienes que el Ministerio Público solicitó decomisar incluye un apartamento y una propiedad en un complejo turístico a nombre de González Durán, dos unidades funcionales en un condominio de Santo Domingo a nombre de Kelmin Santos Rodríguez y cinco vehículos de lujo.
Entre los vehículos figuran un Lamborghini Urus, un Audi Q8, un Chevrolet Tahoe y un Lincoln Navigator. De acuerdo con la acusación, estos bienes serían destinados al Estado, con la posibilidad de indemnizar a las víctimas.
Al inicio del proceso, González aseguró que tenía más de 20 millones de dólares en criptomonedas, pero hasta el momento no se ha confirmado la existencia ni la localización de esos fondos.
El proceso contra González se ha convertido en uno de los más notorios relacionados con estafas financieras y uso fraudulento de criptomonedas en el país. Aunque la condena ya fue dictada, la lectura íntegra de la sentencia está programada para el 4 de noviembre próximo.
