La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), anunció hace poco que nuestro país ingresó a la lista de aquellos que han reducido a 2.5 o menos la cantidad de personas en condiciones de subalimentación. La denominada hambre cero. No quiere esto decir que en países con esa condición la pobreza se ha reducido a esos niveles, tampoco que no pueda coexistir con inaceptables índices de pobreza y desigualdad. Ni la FAO, ni el gobierno dominicano lo niegan, en esencia lo que dice el anuncio es que la subalimentación, en términos de consumo de caloría, ha bajado significativamente en nuestro país. Tampoco que todo el crédito de este logro es atribuible a la presente administración.
El gobierno tiene incuestionable mérito por este logro, pero tiene el deber de reconocer la permanencia de algunos indicadores sociales que constituyen una seria amenaza para el presente y futuro de la nación. Debe comparar esos indicadores con los de los países que integran el Club de Hambre Cero: Brasil, Costa Rica, Uruguay y Guyana. Brasil, tiene más de seis décadas de sostenido crecimiento económico, Costa Rica y Uruguay son reconocidos por su importante nivel de institucionalidad y Guyana tiene ingentes recursos que les permiten un amplio margen para invertir en la mejoría de la gente. Son países reconocidos por su fortaleza en inversión social, Por tanto, para mantenernos con decoro en su círculo debemos superar taras inaceptables en términos económicos, políticos y sociales.
En efecto, solo para citar dos ejemplos, Brasil y Costa Rica dedican respectivamente el 8.6 y 9.8 de sus PBI a la salud, muy lejos del del aproximado 2% nuestro. El primero invierte cerca del 6% en educación y el segundo del 5.3 al 7%, superiores al 4% de nosotros que aun así nos mantiene en los peores lugares en la calidad de este imprescindible servicio para el desarrollo humano y la economía. Costa Rica pierde: entre 10-11% de la energía generada, Brasil, por exceso de producción, cerca de un 20%, nosotros alrededor del 40%. Una barbaridad. Costa Rica asigna a los municipios un 10% de los ingresos de Presupuesto Nacional, por ley, los nuestros deberían obtener esa misma proporción, pero en realidad reciben alrededor de un 2%; tenemos un déficit habitación de alrededor de 900,000 viviendas y cerca del 50% de la población no es propietario de su mejora
En ese sentido, no sería descaminado relacionar el logro de hambre cero con las décadas de crecimiento económico ininterrumpido que hemos tenido, al impacto de las remesas enviada por la diáspora, las grandes inversiones en infraestructuras viales para el turismo y las zonas francas, además de un sector agropecuario que descansa básicamente en una mano de obra relativamente barata y abundante identificada en las migraciones. De alguna manera, esa producción, 85% de lo que consumimos, incidiría en el logro de hambre cero. Sin embargo, una determina forma de producción de riqueza, aun sea sostenida, de por sí es necesariamente sostenible, ni mecánicamente fuente de oportunidades, de eliminación de pobreza y desigualdades. Para eso, es necesario eficientizar y democratizar el gasto, potenciar la participación e institucionalización política.
Eso implica un giro en nuestro modelo de desarrollo para ponerlo en condición de mantener y profundizar el alcance de hambre cero y propiciar impostergables cambios en la práctica política del país. Desde mediados de la década de 80, los países que han sido sistemáticos en la implementación de las políticas de descentralización y en la articulación de los gobiernos locales a los proyectos de desarrollo nacional, han logrado mayores alcances de eficiencia, democratización y éxitos en el combate a las desigualdades regionales que, desde siempre, con sus gradaciones, ha acompañado el desarrollo económico de las naciones. A partir de esa década, varios países de esta región, también de Europa, han diseñado políticas públicas teniendo como punto focal los poderes locales dotándolos de un razonable marco competencial.
Fue su respuesta a la crisis del capitalismo iniciada mediado de los 70, centrada en la descentralización del estado y el reconocimiento del carácter subsidiario del municipio. Sin esa opción de desarrollo económico y político España no hubiese logrado una transición democrática e institucional exitosa, ni un significativo nivel de vida, lo mismo podría decirse de Chile. Otros de esta región, como Costa Rica, Colombia, etc., y de Europa, apostaron a una perspectiva de desarrollo en la que lo local juega un papel determinante, logrando significativa eficiencia y eficacia en los servicios y políticas públicas. Nosotros no hemos asumido esa perspectiva con la imprescindible seriedad.
Nos hemos inscrito en un club exclusivo. Un buen signo, un significativo estímulo, pero la permanencia en este obliga a despojarnos de muchos lastres y trapos indecorosos. Es otra oportunidad para seguir insistiendo en la necesidad de una política de transformación basada en un proyecto de sociedad cuyo eje transversal sea el territorio, en un desarrollo local desde una perspectiva nacional que garantice la sostenibilidad de la lucha contra el hambre, al tiempo de dotar a la población de una canasta básica de servicios que la fije en sus espacios. Para eso, resulta ineludible una reforma política sustentada en un acuerdo nacional amplio y plural. Esa es la cuestión.