La decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, junto a los magistrados Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbuccia, de no someterse al proceso de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ha encendido el debate público y provocado diversas reacciones en el sector jurídico y de la sociedad civil.
De los once magistrados que originalmente cumplían su período de siete años para ser evaluados, solo siete continúan en el proceso.
La negativa de estos cuatro jueces ha sido interpretada por algunos como un ejercicio legítimo de autonomía personal y profesional, mientras que otros sectores lo ven como un reflejo de la falta de confianza en el proceso y de supuestas presiones políticas que amenazan la independencia judicial.
Carlos Salcedo pide respeto a la trayectoria y objetividad en el proceso
El jurista Carlos Salcedo sostuvo que la decisión de los magistrados responde a su autonomía. Destacó que entre quienes optaron por no presentarse hay jueces con hasta 40 años de trayectoria, por lo que instó a respetar su postura en consideración al servicio ejemplar que han brindado al sistema de justicia.
Sin embargo, Salcedo advirtió que estas renuncias representan una señal relevante para reflexionar sobre el diseño y la percepción de la evaluación. Planteó que el CNM debe garantizar criterios de evaluación basados en métricas objetivas y uniformes, en un proceso desvinculado de intereses políticos o particulares.
Salcedo sugirió también la valoración tanto de la motivación de las sentencias como de la solvencia ética y moral de cada magistrado, así como señales claras de imparcialidad y debido proceso para preservar la confianza ciudadana.
Preocupación por la confianza y denuncias de politización
Por su parte, el exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, expresó su preocupación ante la desconfianza que muestra parte de la judicatura hacia el CNM. Sostuvo que la percepción de que las designaciones puedan responder a acuerdos previos o intereses políticos atenta contra la independencia judicial y la seguridad jurídica del país.
Como propuesta, sugirió priorizar a jueces de carrera con méritos comprobados y crear un Consejo Asesor y de Veeduría integrado por rectores universitarios y expresidentes de altas cortes para acompañar las evaluaciones.
En tanto, la Fundación Primero Justicia, presidida por Miguel Surun Hernández, denunció que las renuncias responden a presiones para sustituir a los jueces por personas afines al gobierno actual. La entidad advirtió que esto podría configurar un «blindaje judicial» y constituir un retroceso hacia prácticas de politización que afectan la estabilidad de la carrera judicial.
CNM publica informes de evaluación y abre plazo de objeciones
Paralelamente, el CNM anunció la publicación de los informes de evaluación de desempeño de los siete jueces que continúan en el proceso: Justiniano Montero Montero, Vanessa Acosta Peralta, Anselmo A. Bello Ferreras, Francisco Jerez Mena, Fran Soto Sánchez, Rafael Vásquez Goico y Samuel Arias Arzeno. Los documentos se encuentran disponibles en el portal oficial cnm.gob.do.
Con esta publicación se inicia la etapa para que la ciudadanía e instituciones presenten sus observaciones u objeciones respecto a los magistrados evaluados.
Las objeciones podrán presentarse vía electrónica, al correo secretariacnm@poderjudicial.gob.do, o de manera física en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, ubicada en la sede de la Suprema Corte de Justicia, de lunes a viernes en horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.