Santo Domingo. – Los imputados en la estructura criminal del caso Lobo manipularon licitaciones públicas para asegurar contratos mediante pagos ilícitos, sin importar si cumplían o no con los requisitos técnicos y económicos para ser favorecidos.
Así lo establece la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, donde además pide prisión preventiva para los implicados en el caso Lobo y que se declare complejo el proceso judicial.
Los imputados son: el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez.
También figuran como acusados el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz, y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
En el documento, el Ministerio Público detalla que los miembros de esta organización criminal establecieron un mecanismo sistemático de cobro de sobornos, fijando montos entre un 5 % y un 10 % del valor total de la facturación mensual de las empresas contratistas.
Estas cuotas ilícitas eran exigidas para agilizar los pagos, eliminar trabas administrativas y asegurar la continuidad de los contratos. Los pagos en efectivo eran entregados por las empresas contratistas implicadas en el caso Lobo.
La instancia judicial también establece que los miembros de la red criminal obstruyeron la ejecución de contratos adjudicados a varias compañías, con el objetivo de extorsionar a los contratistas. Esa obstrucción se realizaba mediante trabas burocráticas y la negación de información esencial sobre los requerimientos y condiciones para la instalación de servicios de seguridad.
Estas acciones tenían como finalidad forzar a las empresas contratistas a pagar sobornos a cambio de poder cumplir con los compromisos contractuales previamente adquiridos.
Audiencia
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, aplazó para el próximo lunes la audiencia donde se conocerá la solicitud de medida de coerción contra los militares y civiles imputados, con el fin de que los abogados defensores puedan estudiar el expediente y preparar sus alegatos.
