La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha puesto en marcha un ambicioso plan de quince iniciativas para transformar el sistema penitenciario dominicano.
El objetivo primordial es superar el colapso actual y garantizar la verdadera reinserción social, abordando las deficiencias que impiden la rehabilitación de los privados de libertad y su retorno a la sociedad.
Una de las iniciativas más destacadas es el catastro penitenciario, una medida que ya está generando resultados. Este proceso ha revelado la existencia de una cantidad significativa de privados de libertad que no están declarados o carecen de documentos de identidad.
Reynoso informó que, en colaboración con la Junta Central Electoral, se está trabajando para dotarles de la documentación necesaria, lo que les permitirá acceder al sistema de salud y a programas de capacitación.
La Procuraduría ha encontrado casos donde, incluso desde generaciones anteriores, no existen registros de identidad, lo que subraya la importancia fundamental de este catastro para el sistema judicial.
Un plan de tratamiento integral
La Procuraduría está enfocada en establecer, por primera vez, un verdadero plan de tratamiento para la reinserción social. Este plan es tan abarcador que, en algunos casos, se buscará la «infección» (entendida como una reinserción completa y efectiva) más que la mera rehabilitación.
En cuanto a la sobrepoblación, Berenice Reynoso espera que, con la construcción de diez mil nuevas camas en centros penitenciarios, cuyo cronograma se esté cumpliendo, se supere el hacinamiento para diciembre de 2026.
Además, se implementará un sistema de vigilancia y, como propuesta innovadora de la Procuraduría, se separará la población de privados de libertad: preventivos de los condenados, y aquellos con imputaciones por delitos graves de los que enfrentan delitos menores. Esta separación comenzará este año en la cárcel de Las Parras, en Guerra.
Iniciativas de reinserción y transparencia
Resaltó que el plan piloto de tratamiento ya está en marcha en la provincia Hermanas Mirabal, con la participación de otras instituciones.
“La Procuraduría también está promoviendo la apertura de tres tiendas para la venta de productos fabricados por los privados de libertad: una virtual, una en el Este y otra en la Zona Colonial. Ya se realizó una feria exitosa y se programa otra para diciembre”.
La procuradora reafirmó su compromiso con la reforma penitenciaria, reconociendo que los privados de libertad mantienen sus derechos. Declaró que trabajan de cerca con la Defensa Pública, a la que le han abierto las puertas de todas las cárceles para su acceso.
La Suprema Corte de Justicia también tiene un programa para que los jueces de ejecución de la pena adopten una agenda más proactiva.
Se ha integrado al Defensor del Pueblo en el catastro, fomentando la transparencia. Desde la Procuraduría, aseguran que «no hay nada que esconder» y que existe un plan de mejora sistemático.
El Catastro: un modelo de gestión penitenciaria
Reynoso manifestó que el catastro es un modelo de gestión penitenciaria que va más allá de la mera constatación de datos biométricos.
Incluye una resonancia magnética, un perfil completo de cada individuo con análisis jurídico de su estatus y hallazgos compartidos con los demás actores del sistema, convalidando la información.
A partir del 5 de octubre, se espera tener la capacidad de consultar el historial y el plan de tratamiento de cualquier privado de libertad. Si bien el acceso público detallado a esta información aún está en discusión, se prevé poder ofrecerlo con los debidos resguardos.