Tras la decisión del juez Rigoberto Sena de imponer arresto domiciliario a los diez implicados en una red de corrupción que habría defraudado al Estado con más de 100 millones de pesos, el procurador adjunto Wilson Camacho anunció que se podría activar una nueva fase del caso bajo el nombre de «Operación Lobo 2.0».
Camacho, quien es director de Persecución de la Corrupción, advirtió que las investigaciones apenas comienzan y que podrían surgir nuevos implicados e instituciones comprometidas.
«Este es solo el inicio. La estructura que desmantelamos con la Operación Lobo no actuaba sola. Hay indicios suficientes que nos podrían llevar a una segunda etapa del caso», afirmó.
Durante sus declaraciones, Camacho también expresó su inconformidad con el Poder Judicial respecto al manejo de los acuerdos entre el Ministerio Público y los imputados.
«Desde el Poder Judicial se predica en teoría la importancia de los acuerdos en el proceso penal, pero en la práctica se toman decisiones que podrían desincentivar estos mecanismos de colaboración», sostuvo.
El fiscal se refirió así, pese a que cinco de los diez encartados admitieron su participación en los hechos y colaboraron con la investigación, el tribunal impuso la misma medida de coerción —arresto domiciliario— tanto a ellos como a los que no aceptaron los cargos.
Imputados con arresto domiciliario
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso arresto domiciliario como medida de coerción a los diez imputados en la red de alegada corrupción desmantelada mediante la Operación Lobo. Los encartados están acusados de obtener contratos millonarios de seguridad privada en instituciones estatales a cambio de sobornos.
Durante la audiencia, cinco de los acusados admitieron su participación en los hechos, lo que llevó al Ministerio Público a modificar su solicitud inicial de prisión preventiva y proponer medidas menos severas.
Los imputados que admitieron los hechos son:
Quilvio Bienvenido Rodríguez González, empresario y propietario de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase), quien confesó haber pagado sobornos.
Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exgerente de seguridad de Edenorte.
Coronel Andrés Pacheco Varela, del Ejército de República Dominicana.
Coronel Ramón Quezada Ortiz, de la Policía Nacional.
Primer teniente Wellington Peralta Santos, también del Ejército.
Según el expediente del Ministerio Público, estos formaban parte de una estructura que operaba mediante el pago de sobornos para asegurar y mantener contratos en instituciones como Edenorte, Edesur, Edeeste, Senasa e Inaipi.
Los otros cinco imputados, que no admitieron los cargos pero también fueron enviados a arresto domiciliario, son:
General retirado Julio César Hernández Olivero, exdirector de Seguridad Militar de Edeeste.
General retirado Rafael Vásquez Espinal, vinculado a contratos irregulares con Edesur.
Coronel Kelvin Rafael Mejía Hernández, del Ejército.
Capitán Wilfredo Méndez Abreu, de la Policía Nacional.
José Miguel Acosta Matos, empresario vinculado a Senase.
La Operación Lobo fue iniciada tras una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), dirigida por Milagros Ortiz Bosch. Las indagatorias derivaron en 15 arrestos tras allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y Santiago.