La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, arremetió este viernes contra los opositores, a quienes llamó “personas llenas de odio”, horas después de que Estados Unidos sancionó a cuatro funcionarios del “círculo interno” de su esposo, el presidente Daniel Ortega.

“Los va a recordar la historia como lo que fueron- personas llenas de odio”, dijo Murillo, a través de medios del Gobierno.

En un comunicado emitido por la subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, Estados Unidos informó de sanciones contra el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; el director de Telecomunicaciones y Correos, Orlando Castillo, y al ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica.

El Gobierno estadounidense acusó a los sancionados de perseguir a los ciudadanos nicaragüenses, negarles atención médica, promulgar leyes represivas y silenciar medios de comunicación, en el marco de la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en Nicaragua, desde la llamada “insurrección cívica” contra Ortega, que comenzó en abril de 2018.

Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados en Estados Unidos o los que están relacionados con ciudadanos estadounidenses.   Diferentes grupos opositores han cabildeado en Washington para que Ortega y sus allegados sean sancionados por Estados Unidos, con el objetivo de debilitar el financiamiento a las fuerzas combinadas del Gobierno de Nicaragua, compuestas por la Policía Nacional y grupos paramilitares, según organismos defensores de los derechos humanos.

“No saben anunciar el evangelio de la paz”, dijo Murillo en referencia a la oposición, sin mencionar nombres.   Entre los principales grupos opositores de Nicaragua están la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, el Movimiento Campesino y la Asociación Madres de Abril.

Entre las persona previamente sancionadas están el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo; la propia primera dama, Rosario Murillo; su consuegro y jefe de la Policía, Francisco Díaz, y el expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas.

También han sido sancionados el tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de la petrolera Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), Francisco López; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y el Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada a los sandinistas   Desde que en abril pasado Estados Unidos sancionó al hijo de Ortega y Murillo, el Gobierno de Nicaragua ha insistido ante la comunidad internacional en que detenga las sanciones.

Estados Unidos y el Parlamento Europeo sostienen que las sanciones penderán sobre Nicaragua hasta que el Gobierno respete los derechos humanos.   Nicaragua vive una crisis que ha dejado 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala al Gobierno de Ortega de cometer crímenes “de lesa humanidad”.   Organismos locales elevan el número de víctimas a 594, mientras que el Gobierno reconoce 200. Unas 60.000 personas han huido de Nicaragua en los últimos 14 meses, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).