El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó hoy que el futuro de Nicaragua debe decidirlo el pueblo nicaragüense y no una “elite política y social”, en referencia a la crisis en el país centroamericano que ya cumple dos meses y deja 212 muertos.

“La decisión del futuro de Nicaragua no es de una elite política y social, es del pueblo. Ningún tipo de persona en particular debe prevalecer sobre su futuro, todos y todas las nicaragüenses son los dueños de su país”, afirmó Almagro.

Almagro hizo esas declaraciones al comienzo de la primera sesión del Consejo Permanente de la OEA que estudia la crisis en Nicaragua, con más de 200 muertos y más de un millar de heridos en dos meses.

El secretario general de la OEA consideró “urgente” abordar la crisis de Nicaragua y consideró que los responsables de la violencia deben “comparecer ante la justicia y pagar por sus crímenes”.

Sostuvo que la solución para Nicaragua pasa por la celebración de elecciones anticipadas y por el “camino de la Justicia” con la rendición de cuentas de los responsables de la violencia con la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA.

En el Consejo Permanente de hoy, convocado de manera extraordinaria, la CIDH presentará su informe final sobre la visita que la Comisión realizó a Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo.

En ese informe preliminar, la CIDH, organismo autónomo de la OEA, alertó de posibles ejecuciones extrajudiciales con francotiradores en algunas zonas del país y “graves violaciones de derechos humanos”.

Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.

La Iglesia católica está mediando en un diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil para encontrar una salida pacífica a la crisis política, pero ese proceso quedó cancelado por desacuerdos entre las partes y la negativa del Ejecutivo a reformar la Constitución y adelantar las elecciones.

No obstante, la Iglesia ha asegurado que reanudará el diálogo después de que la CIDH presente hoy su informe final.