Pruebas insuficientes que representan una acusación insostenible es el proceso que se lleva en contra del exalcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez Grullón, según su abogado Félix Damián Olivares.

“Sencillamente se trata de una acusación tremendista e insostenible solo para encubrir el hecho de que el Ministerio Público no persigue a los verdaderos corruptos y es quien debería ser más eficiente en identificar actos de corrupción”, manifestó el abogado del acusado de malversar 400 millones de pesos.

Olivares recordó que Rodríguez Grullón fue quien hizo la denuncia y requirió una auditoría por parte de la Cámara de Cuentas para la gestión que seguía dentro del ayuntamiento del municipio de la provincia Duarte.

Asimismo, explicó que la mayor parte de las denuncias que contiene el informe de la Cámara de Cuentas en el cual se basa la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), se sostienen de informaciones dadas por sectores que tenían una retaliación personal y política en contra Rodríguez Grullón.

Resaltó que en cuanto al tema de obras que no fueron licitadas y su costo superaron lo establecido en los presupuestos, estas sí fueron presentadas a estudios ante el Consejo de Regidores y las mismas aumentaron debido a que se tomaron en cuenta iniciativas de comunidades aledañas a donde fueron construidas las primeras.

“Un ejemplo es que sí se construían las aceras y contenes en una comunidad específica, entonces el sector subsiguiente pedía también que les construyeran las aceras y contenes por lo que el ayuntamiento se inclinaba a desarrollarlos también”, explicó Félix Damián Olivares y alegó que las mismas fueron adicionales.

En cuanto a estas obras, añadió además que para estas no se llevaron a cabo licitaciones sino una comparación de precios. “No era en sí que la obra tenía un costo X y que se había previsto una licitación, sino todas las construcciones de esas obras se hicieron a través de una comparación de precios los cuales se examinaba a través del Departamento de Obras Públicas Municipales quien presentaba el proyecto y lo discutía con los oferentes y la escogencia la hacia la sala capitular”.

Dijo que otra de las imputaciones que se hace contra el exalcalde es que no retenían el 10 % de impuestos sobre la renta a los camiones que alquilaba; “es decir, que de lo que se le acusa al ayuntamiento es de no ser un agente de retención de la DGII”.

“Aquí el 95 % de los propietarios de viviendas cuando la alquilan no retienen el 10 % del pago de impuestos a sus inquilinos, sino que quien tiene que presentar ese ingreso es el dueño de la vivienda y lo presenta al final…entonces a quien le correspondía pagar ese impuesto no es al ayuntamiento sino a los que alquilaron los camiones”, agregó Damián Olivares.

En tanto, recordó que otra acusación es que el ayuntamiento daba una retribución a sus miembros por el uso de sus propios vehículos ya que no tiene presupuesto para comprar una flotilla y que estos se puedan mover en ellas. “La sala capitular aprobaba una especie de compensación de solo 3 mil pesos”.

El representante legal de Rodríguez Grullón concluyó que todas esas irregularidades o divergencias de criterios sobre la forma de regir, se sustentan en un expediente sobre un mito urbano basados en un desfalco.

“Es que si a ese ayuntamiento le quitaran 400 millones de pesos entonces estuviera paralizado, porque ese es el presupuesto de más de dos años”, agregó Olivares.

Asimismo manifestó que tras la decisión del No Ha Lugar emitida por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación en marzo del 2015, los actuales magistrados abrieron nueva vez el expediente porque supuestamente fueron introducidas una considerable cantidad de pruebas.

“Las normas de contabilidad que generalmente es aceptada, frente a los hallazgos preliminares, no se incorporaron ni fueron auditadas, por lo cual no se acogieron ni se incluyeron las observaciones ni las enmiendas siendo un informe negligente, deficiente y sesgado”, añadió el abogado.

Rodríguez Grullón está siendo acusado de coalición de funcionarios, falsedad y uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, soborno, asociación de malhechores y abuso de confianza específicamente contra el Estado dominicano

En tanto este viernes 8 de diciembre se espera conocer el fallo de la Corte de Apelación de Santo Domingo, quien según el abogado de Rodríguez tomará una decisión justa.