Un cruce de armas entre el presidente del Senado y la titular de la corte suprema de Brasil reflejó esta semana las tensiones crecientes en las esferas del poder ante la investigación del escándalo de corrupción en Petrobras.

Renan Calheiros, presidente del Congreso y el senador más poderoso del país, llamó "juececito" a un magistrado de primera instancia que la semana pasada ordenó la detención de cuatro policías del cuerpo especial de la Cámara alta, sospechosos de limpiar dispositivos de escuchas telefónicas y ambientales en las residencias de legisladores investigados.

"Es lamentable que eso ocurra, es un espectáculo inusitado que ni siquiera se vio en la dictadura militar (1964-1985)", dijo Calheiros, del partido de centroderecha PMDB, al que pertenece el presidente Michel Temer.

El guante fue recogido por la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia.

"Exigimos respeto para tener una democracia fundada en principios constitucionales. Cada vez que es agredido un juez somos agredidos todos los jueces", afirmó sin mencionar nombres.

Calheiros, que figura en la larga lista de políticos investigados en la "Operación Lava Jato", también atacó al ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, por haber autorizado la detención de los agentes legislativos, y dijo sentir "odio y asco por los métodos fascistas".

Calheiros anunció que el miércoles antes del mediodía sería recibido por el presidente de la República, Michel Temer, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y a Carmen Lúcia, que sin embargo no había confirmado hasta la noche de ayer su presencia en ese cónclave.

- ¿Abusos? -

En el último mes, el "Petrolao" volvió a convertirse en una usina de noticias de alto impacto.

La serie se inició con el arresto de Guido Mantega y Antonio Palocci, exministros de Hacienda de los gobiernos de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), siguió con la inclusión del propio Lula en la lista de investigados por el STF y culminó con la detención del exdiputado ultraconservador Eduardo Cunha, gestor del impeachment que en agosto derrumbó al gobierno de Dilma Rousseff.

Los avances del caso coincidieron con la aparición de un proyecto de ley para castigar "abusos de autoridad cometidos por miembros del poder o agentes de la Administración Pública".

La iniciativa, impulsada por Calheiros, es vista por el poder judicial como un intento por neutralizar las investigaciones.

Sergio Moro, juez de primera instancia de cuya pluma salieron pesadas condenas a políticos y empresarios, exigió al Congreso que demuestre "de qué lado está", en una de sus raras expresiones públicas.

"Hay preocupación por los varios proyectos que se están gestando contra el poder judicial. Existe una conexión muy estrecha entre la decisión de acelerar ese proyecto de ley y el resultado de la Operación Lava Jato", dijo a la AFP Anderson Furlan, magistrado federal de Curitiba (sur) y amigo personal de Moro (Other OTC: MRCR - noticias) .

Furlan desestimó las críticas que sueltan políticos como Lula, señalando que el caso se fue transformando en una cruzada basada en "convicciones" y no siempre en pruebas.

"Puedo hablar por Sergio Moro, que es mi amigo y fui asesor de él. Todas sus decisiones están fundamentadas y todas fueron objeto de recursos ante tribunales superiores. Apenas cuatro de cada cien fueron modificadas", agregó.

- "Esquizofrenia" -

En el Palacio de Planalto, sede del gobierno, están abocados a aprobar reformas económicas en el Congreso, hasta ahora el pilar más sólido de la gestión Temer.

Los ruidos en ese ámbito no se celebran y menos si vienen del "Petrolao", principal enemigo del discurso que pregona Temer de que está tratando de normalizar el país tras el impeachment de Rousseff, y en medio de la mayor recesión económica en un siglo.

"Hay una situación esquizofrénica en el país", dijo el cientista político y sociólogo Fernando Hattman-Weltman, de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ).

"El gobierno tiene serios problemas e intenta gobernar como si todo estuviera absolutamente normal, pero la economía aún está en crisis y el mundo político vive en la incertidumbre por la Operación Lava Jato", explicó.

Cristiano Noronha, vicepresidente de la consultora Arko Advice, cree que si bien el riesgo de turbulencias sigue siendo alto, "el presidente tiene un capital político importante y las reformas económicas avanzan, que es lo que espera el mercado".

Guerra cultural contra una forma atávica de hacer política o gesta moral que desconoce los límites de la República, todos coinciden que "Lava Jato" aún tiene mucho camino por recorrer y continuará en 2017.

Aunque el analista Hattman-Weltman le baja el tono: "Hay quienes creen que es una lucha que cambiará los patrones de hacer política, pero yo veo un proceso complejo de interacción conflictiva entre poderes institucionales y actores políticos y económicos que hacen su juego para beneficiarse de las oportunidades que aparecen y salvar su pellejo".