Miles de puertorriqueños se concentraron hoy en un estadio de San Juan para protestar por la imposición por parte de Washington de una junta federal que controlará al Gobierno de la isla durante los próximos años, a cambio de permitirle reestructurar una deuda que no puede pagar.

“Vine para informarme mejor de en qué consiste esa junta y qué alternativas existen”, explicó a Efe en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan una maestra de 38 años que no quiso ofrecer su nombre.

Como ella, entre los asistentes habían muchos empleados públicos y miembros de agrupaciones sindicales que acudieron a esta convocatoria suscrita por decenas de organizaciones de toda índole y planteada como una primera asamblea de un movimiento que pretende impulsar actividades de protesta y de búsqueda de alternativas.

La citada junta, prevista para operar inicialmente durante cinco años con el objetivo de sanear las cuentas de la isla, es una de las medidas incluidas en el proyecto federal conocido por el acrónimo de “Promesa” en el que trabaja el Senado de EE.UU. y que ya cuenta con el aval de la Cámara de Representantes.

Consiste en un grupo de siete personas que serán designadas por el presidente Barack Obama a partir de las sugerencias de los líderes legislativos, sobre todo republicanos, y en la que el gobernador de Puerto Rico podrá estar representado pero no tendrá derecho a voto.

El gobierno

Aunque el Gobierno de Puerto Rico tampoco apoya la imposición de esta junta, la considera un mal necesario que debe asumir para que a a cambio se le permita declararse en quiebra bajo el amparo de la legislación estadounidense.

Sin ese mecanismo el Gobierno local se enfrentaría a una larga y costosa lluvia de demandas (ya se han presentado al menos tres) derivadas de los impagos de deuda en los que ya ha empezado a incurrir, alegando que no dispone de suficientes fondos para seguir pagando a sus acreedores y al mismo tiempo seguir prestando los servicios públicos esenciales a su población.

Entre los participantes en esta primera asamblea estuvo el congresista puertorriqueño Luis Gutiérrez, quien defendió que los integrantes de la junta “no harán un llamado a la prosperidad, sino a la austeridad”, y que sus miembros serán “siete personas que sólo responden a los grandes intereses capitalistas y a los grandes intereses de Washington”.

El demócrata advirtió de que “sólo quieren que en Puerto Rico se coma de desayuno, almuerzo y cena austeridad, austeridad y más austeridad, pero nosotros les vamos a dar lucha, lucha y lucha”.

La heterogeneidad de los asistentes se hizo palpable en diversos encontronazos entre el público y quienes tomaron la palabra. Gutiérrez fue abucheado por gente que pedía su dimisión como miembro de la Cámara federal de Representantes.

La presidenta del Concejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark Viverito, también fue recibida con abucheos de unos asistentes que reclamaban que “si la asamblea es del pueblo, que hable el pueblo”.

“Efectivamente yo salgo un poco decepcionada: Lo único que he escuchado son los mismos argumentos de siempre, que si el colonialismo y que si los buitres de Wall Street, pero en realidad nadie ha ofrecido alternativas”, dijo a Efe la citada maestra.

Una compañera suya añadió que “no se ve clara una hoja de ruta. Estaban recogiendo firmas de voluntarios para actos de desobediencia civil, pero ni si quiera se ha anunciado ninguna iniciativa en ese sentido”.

Muchos de los asistentes portaban banderas puertorriqueñas y pancartas y carteles de rechazo a la junta federal de control fiscal sobre la isla, cuya economía acumula ya una década en recesión y está viviendo el mayor éxodo de su historia, sobre todo de jóvenes que emigran a EE.UU.

Deuda pública

Entre los argumentos que se esgrimieron para rechazar la imposición de esa junta está el de que sus integrantes ni siquiera van a auditar la deuda pública de mas de 70.000 millones de dólares que acumula Puerto Rico, donde el 45 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza.

“La junta reconoce como legal todos los bonos y deuda emitida aunque se haya hecho contrario a la ley y a la Constitución”, se podía leer en alguna de las imágenes proyectadas en una gran pantalla que se instaló sobre la tarima.

En otra se podía leer que “la junta podrá dejar sin efecto las reglamentaciones ambientales y los procesos de permisos para acelerar proyectos ‘estratégicos’”.

Igualmente se advirtió a los asistentes que los integrantes de la junta podrán actuar con plena inmunidad sin que nadie pueda despedirlos de su puesto, a excepción del propio presidente de EE.UU.

Al inicio de la Asamblea, se mantuvo un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la matanza de Orlando, ya que cerca de la mitad eran puertorriqueños. (Mar Gonzalo )