La Unión Nacional de Empresarios (UNE) propone, como parte su aporte a las discusiones del Pacto Eléctrico, en el Consejo Económico y Social (CES), modificar la Ley General de Electricidad 125-01, para que el robo de la energía servida se califique de acción criminal, y que se cree un Código Eléctrico que garantice la persecución del fraude.

En su propuesta, la UNE y sus asociaciones afiliadas, especialmente la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos (ASUME); con el respaldo de la Asociación Interamericana de Empresas (ASINE)

“Hay que modificar la legislación actual para que se pueda realmente criminalizar el robo de la electricidad y que se pongan en manos de las EDES o de las empresas de comercialización que se escojan para manejar la facturación, los cobros, las instalaciones de medidores, los cortes y los servicios a los usuarios, los mecanismos de persecución del fraude eléctrico”, dice.

Otro de los reclamos de la UNE es que se aplique una racionalización de los “Cargos por Demanda”, en el entendido de que ya es tiempo de que se reduzca la duración de los cargos fijos por demanda máxima a  tres meses.

En ese punto argumenta que el productor de electricidad  debe mantener disponible una reserva fría de potencia para hacer frente a un aumento eventual de demanda de electricidad de cada cliente sobre el límite previamente contratado, carece de fundamento en la situación específica de este país, debido a que la respuesta a un incremento eventual de la demanda de ese usuario por encima de su contrato, no puede ser garantizada, ni tampoco compensada doblemente a través de la facturación.

Si este requerimiento de potencia adicional fuera respondido con un apagón, entonces no es moralmente sostenible aplicar los cargos de la manera actual, práctica que desincentiva las inversiones de los usuarios para controlar la demanda de su instalación.

Esa petición va en la misma línea del reciente planteamiento del Ministro de Energía y Minas, de que  en  la generación se debe modificar el concepto de pagos por capacidad instalada.

Comisiones de Veeduría

La propuesta de la UNE pide, además, integrar a la ASUME en las comisiones de Veeduría de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); y la Dirección General de Compras Públicas.  En ese contexto, se preguntan que si el Pacto se ha organizado con la intención de recoger el aporte de todos los dolientes del sector eléctrico, no se concibe que el gremio de los suplidores eléctricos, se encuentre totalmente marginado de la búsqueda de sus soluciones.                                                                                          

En generación,  la UNE propone continuar con la instalación de las plantas y cambio de la matriz de combustibles, y que se incentive la generación con energías renovables.  Y también que se reduzcan las pérdidas de la distribución a un máximo del 10%.